La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, ha celebrado su Asamblea Anual, en la que su presidente destacó la situación de atonía que atraviesa el sector por el parón continuado de las inversiones. La crisis ha provocado que la inversión en infraestructuras cayera progresivamente hasta ser casi inexistente, desembocando en una pérdida importante de actividad – con tremendos efectos en el empleo-, en un sector que es motor de nuestra economía.
ASAGUA, ha celebrado su Asamblea Anual
La escasísima dotación presupuestaria –mínima desde 2011- afecta a la licitación de nuevos contratos. Como ejemplo, el presupuesto de la Dirección General del Agua en 2013 supuso la sexta parte que en 2010. Para el director general de ASAGUA “en una situación tan crítica, el gobierno debe establecer ya, de forma urgente, un marco legal para desarrollar fórmulas de colaboración público privada, para que las empresas y las administraciones públicas encuentren la debida seguridad sin que se afecte al déficit público”.
La colaboración público-privada se ha materializado en las concesiones, fórmula que debe matizarse para que no tenga incidencia en el déficit público y garantizar al agente privado sus expectativas de cobro. Para ASAGUA, las competencias en materia de aguas deberían trasladarse de los ayuntamientos a otros niveles administrativos, lo que conllevaría la creación de un regulador único. “La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, ahora denominada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha sido una oportunidad perdida, por lo que esperamos que la Ley de Aguas cumpla esta reclamación del sector”, asegura su director general.
España necesita inversiones en materia de aguas y acciones legislativas para actualizar las normas que conforman el sector. Sin olvidar la nueva Ley de Aguas, actualmente en desarrollo, la norma de cabecera en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración es la Directiva Marco del Agua, cuyo incumplimiento por España le ha supuesto la apertura de varios procedimientos que pueden culminar con fuertes sanciones pecuniarias, sin perjuicio de que se haga lo necesario para que cesen los incumplimientos. La segunda norma de referencia es el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 (PNCA), que nació para cumplir los objetivos no alcanzados por el anterior plan (1995-2005) y las nuevas necesidades planteadas por la Directiva y por el Programa Agua.
España precisa entre 10.000 y 15.000 millones de euros para infraestructuras del agua rentables y además reactivar la inversión en conservación y mantenimiento de las existentes, más un plus para rehabilitar el patrimonio hidráulico que haya resultado deteriorado a causa de la poca inversión habida en los últimos años. Y entre esas necesidades, por ejemplo las 900 nuevas depuradoras que precisa el país. Lograr un contexto normativo claro y estable de colaboración público-privada, supondría un impulso de financiación y se podrían licitar los contratos que, debido al escaso presupuesto público, se han visto paralizados. Para 2014 se preveía que el presupuesto para las actuaciones en el sector del agua fuese de 2.284 millones de euros, muy por debajo de lo necesario y de lo contemplado en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. “Hay que construir las infraestructuras necesarias y mantener el patrimonio hidráulico que ahora se encuentra en estado de riesgo de deterioro prematuro si no se actúa con prontitud”, asegura ASAGUA.