El anuncio presidencial más aplaudido, el pasado 21 de mayo, fue la modificación al Código de Aguas. El marco jurídico que las rige en nuestro país está vigente desde hace más de una década y ha mostrado graves deficiencias para la gestión sustentable y equitativa de este patrimonio ambiental, lo que ha sido crítico en los años de sequía.
Esta nueva reforma debe establecer prioridades de uso para los recursos hídricos y fijar condiciones al uso y aprovechamiento de las aguas.
El anuncio presidencial más aplaudido, el pasado 21 de mayo, fue la modificación al Código de Aguas. El marco jurídico que las rige en nuestro país está vigente desde hace más de una década y ha mostrado graves deficiencias para la gestión sustentable y equitativa de este patrimonio ambiental, lo que ha sido crítico en los años de sequía.
La deficiencia del Código de Aguas no es un tema reciente, sino que ha estado en la discusión pública desde el primer gobierno de transición, cuando el Presidente Aylwin envió al Congreso una reforma a dicho código y parlamentarios de las entonces Concertación y de la Alianza ingresaron en 1992 una decena de proyectos de reforma constitucional en este tema.
En años recientes, el primer gobierno de Bachelet envió al Congreso una reforma constitucional en materia de aguas, y el gobierno de Piñera hizo lo propio con dos proyectos de enmienda al código, referidas a derechos, fiscalización y sanciones.
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