Más leña al fuego. La Generalitat considera que Acciona, que ganó la privatización de Aguas del Ter Llobregat (ATLL), y Agbar, que resultó perdedora, se encuentran en la misma situación en caso de anularse el concurso público. Es decir, que Agbar nunca sería la adjudicataria, como pretendía el dictamen del Organismo Administrativo de Concursos Contractuales de Cataluña (OARCC), sino que habría que volver a empezar de cero.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales / EFE

Esto es lo que mantiene la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo dependiente de la Generalitat, en sendos documentos del año 2013 a los que ha tenido acceso El Confidencial. En ellos, por ejemplo, se señala “las variaciones en los plazos de ejecución en la oferta liderada por Agbar respecto a lo que establece el anexo 9 del Pliego”.

Este punto es importante porque el OARCC anuló la concesión alegando precisamente irregularidades en cómo Acciona había cambiado el calendario de obras, con lo que empezó la crisis de ATLL, que se arrastra desde hace un año en una batalla judicial que todas las partes quieren llevar hasta el Tribunal Supremo.

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