Las nuevas tarifas aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para 2014 han vuelto a poner en pie de guerra a los regantes de la cuenca, que son los principales usuarios del agua consumida. Tanto es así que Feragua, la principal federación de regantes, ha amenazado con un plante fiscal si la Confederación no da marcha atrás y retira la subida del 30% en los cánones. Ese aumento es la consecuencia de la repercusión de los costes de explotación de las últimas presas construidas en la zona, la Breña II y Arenoso. En cifras, los regantes tendrán que soportar un sobrecoste de 20 euros por hectárea de regadío para amortizar el gasto en esos embalses.
Una zona de arrozales en Villafranco del Guadalquivir (Sevilla). / garcía cordero
“Estamos dispuestos a pagar, pero un precio justo, no un precio abusivo sin ninguna justificación”, señala la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante. Esta federación mostró su rechazo a las nuevas tarifas en las juntas de explotación del Guadalquivir bajo, medio y alto celebradas la semana pasada en Sevilla, Córdoba y Jaén. Feragua, que recurrirá las tasas en los tribunales, ha encontrado el respaldo del resto de usuarios de la cuenca, tanto de abastecimiento, como los industriales y aprovechamientos hidroeléctricos. Todos ellos abogan por una gestión directa por parte de la Confederación del Guadalquivir para acabar con las actuales duplicidades.
Y es que, para los regantes, el motivo del fuerte aumento de las tarifas (en consonancia con las aprobadas para el año 2013) se debe a la intermediación de Acuaes —la antigua Acuavir— en la explotación de estos embalses. “Esta intermediación solo provoca un encarecimiento artificial del coste que soportan los usuarios”, agrega Margarita Bustamante.
La Confederación del Guadalquivir pretende someter este mes a información pública los nuevos cánones y tarifas aprobados, que considera “muy similares a los del año actual”. Los regantes le piden que asuma directamente la gestión de las dos presas. “Solo con eso los costes de explotación bajarían en una tercera parte. Además, los regantes se beneficiarían de un plazo de amortización mayor y no tendrían que abonar IVA”, sostienen desde Feragua. Estos trabajadores entienden que también se lograría ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales.