El Puerto de Santa María (Cádiz) ha puesto en marcha el proceso para la incorporación de un socio privado a la empresa municipal de agua Apemsa, entidad que ya cuenta con la empresa Aqualia como concesionaria del alcantarillado y la depuración. La privatización abierta ahora supone un cambio radical porque entrega la gestión de la sociedad pública a cambio de un canon mínimo de 14 millones que el pueblo de El Puerto tendrá que devolver con sus recibos de agua.
Miembros de la plataforma Apemsa No Se Vende, reunidos en El Puerto de Santa María. / EDUARDO RUIZ / El País
La plataforma contraria a esta operación, que aglutina a toda la oposición municipal, Ecologistas en Acción y una docena más de colectivos, cree que este proceso es ilegal, innecesario y dirigido desde un principio a limitar el principio de libre concurrencia. El Ayuntamiento defiende la legalidad de la iniciativa y reta a la plataforma a llevarla a los tribunales, algo que esta estudia.
Luis Hiniesta, uno de los responsables del colectivo Apemsa No Se Vende afirma que todos los pasos están marcados desde 2009, cuando se modifican “de soslayo” los estatutos de la empresa muncipal para dar paso a un socio privado. Fue antes de la campaña electoral, cuando el actual alcalde, Enrique Moresco (PP), negó que fuera a privatizar el agua. De hecho, el Ayuntamiento mantiene que la privatización no es completa al no superar la mayoría del capital social. Sin embargo, una vez cedida la gestión y firmado un compromiso económico durante 25 años, la palabra y los objetivos empresariales del socio privado serán determinantes.
Pero más allá de este debate, tanto Hiniesta como el histórico representante de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, cuestionan la legalidad del proceso abierto y piden que se suspenda, ya que aseguran que las condiciones impuestas impiden la libre concurrencia.