La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha anunciado que el próximo miércoles 12 de marzo se dará traslado a la Comisión de Aguas del proyecto para la protección de las márgenes del río Guadalquivir elaborado por la Autoridad Portuaria de Sevilla de modo complementario, y según los condicionantes incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al proyecto de dragado de profundización que promueve el propio Puerto sevillano.
Río Guadalquivir a su paso por Sevilla / EUROPAPRESS
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería, dicha comisión de trabajo emana del Consejo de Participación del Espacio de Doñana, de tal forma que este organismo emitirá un informe que luego pasa al Consejo, que asimismo dictaminará, en un proceso preceptivo pero no vinculante. Tras esta resolución, será la Dirección General de Espacios Naturales de la Junta la que se pronuncie, ya de manera definitiva.
Esta iniciativa fue presentada por el Puerto a finales de 2013, ha precisado Serrano en rueda de prensa para presentar los resultados del Ecobarómetro de Andalucía de 2013, añadiendo que, no obstante, lo que aún no se ha registrado en la Consejería es el proyecto de dragado como tal.
Por lo demás, la consejera ha mostrado la oposición de la administración autonómica a que el proyecto se realice si no es cumpliendo los condicionados existentes en la DIA. Esta aseveración implica una negativa tácita a la posibilidad de que la iniciativa se acometa sin terminar con anterioridad el proyecto de modernización del regadío del arroz que promueve la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y que pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir, lo que supondría que este sector no se viera afectado por el dragado.
Esta intervención es la elegida por la administración para salvar el control de la salinidad que se establece literalmente en la DIA. De iniciarse el dragado y no respetarse éste, sería necesario indemnizar a los arroceros en el caso de que se produjeran perjuicios para este segmento que derivaran en pérdidas de productividad.