El Plan Hidrológico del Ebro aprobado por el Ejecutivo central el pasado viernes lleva camino de sembrar la división territorial, tanto dentro de Cataluña como entre comunidades autónomas. La Generalitat está modulando estos días su discurso para intentar que los intereses enfrentados de regantes y conservacionistas no enfrenten Lleida con las comarcas del Ebro.
Santi Vila, consejero de Territorio de la Generalitat.
La vía de escape que ayer encontró el Gobierno catalán para evitar esto fue denunciar el exceso de regadío que a su entender hay en el curso alto del río. Según el consejero de Territorio, Santi Vila, la falta de agua en el delta no es fruto del aumento de regadíos en Lleida sino de políticas poco adecuadas en comunidades como La Rioja.
Vila aseguró que “la mayor parte” de las 363.000 hectáreas de nuevos regadíos que prevé el plan de cuenca estan fuera de Cataluña. El canal Segarra-Garrigues, que se alimenta del agua del Segre, afluente del Ebro, irrigará aproximadamente un 8% de estas nuevas zonas de regadío. El resto se lo reparten las otras comunidades ribereñas. Vila señaló directamente a La Rioja, comunidad en la que se están realizando infraestructuras y zonas de riego que en su opinión son verdaderos “despropósitos”. En opinión del consejero, el conjunto del plan se basa en atender “necesidades artificiciales” de algunas comunidades autónomas que, después, impiden gestionar correctamente el caudal que llega al delta del Ebro. “Se han hecho ampliaciones de concesiones de riego que son muy cuestionables”, insistió.