La falta de depuradoras lleva a España a pagar la mayor multa de su historia a la UE

El Estado ha desembolsado ya 32,7 millones de euros por incumplir una directiva de hace 29 años

Más de 32,7 millones de euros. Y subiendo. La condena que España recibió en julio de 2018 por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas —que contemplaba una multa fija y penalizaciones semestrales mientras perduren los incumplimientos de la normativa comunitaria— ha supuesto ya la mayor sanción que el país ha tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, la previsión es que siga aumentando, al menos, hasta 2023, cuando el Gobierno estima que se habrán solventado todos los problemas de este caso.

Fuentes de la Comisión Europea informan de que la factura de lo abonado por España asciende ya hasta esos más de 32,7 millones, de los que 12 fueron impuestos directamente por el Tribunal de Justicia de la UE en julio de 2018 como sanción fija por los incumplimientos pasados. Pero en el momento de dictarse aquella sentencia nueve aglomeraciones —en las que viven 379.000 personas— seguían vertiendo sus aguas residuales sin tratar adecuadamente al mar o a los ríos. Se trata de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife). El tribunal estableció que por cada seis meses que perdurase el incumplimiento la sanción iría aumentando 10,35 millones. España ha pagado ya dos semestres de incumplimientos completos, según la información facilitada a EL PAÍS por la Comisión.

Desde que se dictó esa sentencia de julio de 2018 hasta ahora solo se han solventado los problemas en uno de los casos: la depuradora de Tarifa, que cubre las aguas de más de 20.000 habitantes. Existe un calendario para el resto de casos que, en el escenario más optimista, se completará en 2023.

La multa más alta que hasta ahora había pagado España —30 millones— era por las denominadas vacaciones fiscales (ayudas ilegales a empresas disfrazadas de exenciones fiscales) que Euskadi concedió y no recuperó a tiempo. En aquel caso el Gobierno vasco se hizo cargo de la sanción. La intención del Ejecutivo central en este caso es que también paguen las comunidades. El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que la competencia sobre las aguas residuales es municipal, aunque en algunos casos las obras han sido declaradas de interés regional o, incluso, nacional ante los retrasos de la aplicación de una directiva comunitaria de 1991. El Gobierno tiene intención de trasladar parte de la sanción europea a las comunidades y ayuntamientos afectados, aunque el Ministerio de Política Territorial sostiene que aún no se ha completado el expediente para poder reclamar ese dinero.

La Comisión Europea dispone desde 1992 de la potestad de sancionar a los Estados que incumplan sus directivas. Bruselas fue remisa en un principio a utilizar un instrumento tan potente y, de hecho, no lo estrenó hasta 2000. Pero desde entonces las sanciones se han hecho más frecuentes y, además, el Tratado de Lisboa amplió el tipo de infracciones que se pueden castigar con multas y agilizó la imposición de algunas.

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