La Comunidad de Madrid suma casi 340 expedientes de sanción por ilegalidades en pozos

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Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo llevó a cabo más de 4.000 inspecciones; las multas pueden alcanzar el millón de euros

Madrid registró 338 expedientes sancionadores en relación con la disposición de aguas subterráneas entre 2014 y 2018. Así se desprende de los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que abarca el ámbito de la cuenca del río (55.645 kilómetros cuadrados), extendido por las provincias de Teruel (Aragón); Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real (Castilla-La Mancha); Madrid (Comunidad de Madrid); Salamanca, Ávila, Soria y Segovia (Castilla y León) y Cáceres y Badajoz (Extremadura). Entre todos los territorios se han contabilizado 885 casos, siendo la comunidad madrileña la que más infracciones alberga seguida de Toledo (206) y Cáceres (196) que, junto a Guadalajara (53), ostentan la mayor extensión de superficie bajo la supervisión de este organismo. Disparada la alarma tras el muerte del pequeño Julen en el municipio malagueño de Totalán, los expertos consultados por este periódico constatan un repunte de denuncias en la región, si bien no se han detectado nuevos pozos ilegales o abandonados desde que sucediera el fatídico accidente.

Ateniéndose a las tres causas por las que el CHT incoa diligencias en caso de infracción, Madrid acumula en los últimos cuatro años 179 informes sancionadores por el alumbramiento no autorizado de aguas subterráneas; 158, por el incumplimiento de las condiciones otorgadas y uno por la apertura de pozo e instalación de mecanismos. Pese a que la Ley 22/1973, de Minas, regula las competencias en materia de aprovechamiento de yacimientos minerales y recursos geológico, la Confederación Hidrográfica del Tajo -así como el resto de organismos de cuenca- posee, exclusivamente, la autoridad respecto a la afección y disposición de aguas subterráneas, como elemento constituyente del dominio público hidráulico (DPH).

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, que regula la ejecución de sondeos para extraer agua del subsuelo y proceder a su aprovechamiento, se sancionarán con multas de entre 500.000 y un millón de euros en el caso de las infracciones muy graves, de entre 50.000 y 500.000 euros para las graves, de 10.000 a 50.000 euros las menos graves y hasta 10.000 euros las leves.

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