El Gobierno mexicano abre la puerta a la concesión privada de aguas protegidas

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Académicos y organizaciones de la sociedad civil ven en los decretos una vía para que “se haga negocio” con recursos hídricos cuyo uso estaba limitado, mientras la Conagua niega que sea una privatización

El Gobierno mexicano promulgó el pasado 5 de junio una decena de decretos que eliminan la protección sobre grandes cuencas hídricas del país norteamericano y que, en la práctica, abren la puerta al uso de esa agua por parte de agentes privados. En los citados decretos presidenciales, Enrique Peña Nieto, convierte las zonas de veda —en las que la extracción de agua está casi completamente restringida— en zonas de reserva —también protegidas, pero en las que se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran “de utilidad pública”— y deja, según dos juristas consultados, en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica. La citada Conagua ha desmentido tajantemente en un comunicado que se trate de una privatización del agua.

La decena de resoluciones promulgadas cambian el estatus de una cantidad “muy significativa” de agua en México, según Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de varios trabajos sobre derecho al agua en el país latinoamericano. “Sin embargo, el Gobierno va más allá: no solo pasa de veda a reserva, sino que se abre la puerta a la concesión de parte de los volúmenes a empresas y a que organismos privados hagan negocio con el agua. En sí, el decreto no privatiza nada pero sí es un paso más —y grave— hacia la privatización de este recurso”, añade. “Es algo muy preocupante, que habilita el acceso al agua para actores a los que les estaba costando trabajo”.

La medida, que supone cambiar la catalogación de casi 300 de las 757 cuencas de México, llega a las puertas de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio en las que todas las encuestas dan al partido gobernante, el PRI, una probabilidad muy baja de mantenerse en el poder. Las cuencas afectadas concentran, según publicó la semana pasada el diario La Jornada, más de la mitad de los lagos y ríos de México.

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