El agua y quién debe proporcionarla – el sector público o el privado – se ha convertido en el primer asunto que entra en la agenda política de Bruselas a través de un nuevo mecanismo destinado a implicar a los ciudadanos de a pie en la toma de decisiones de la Unión Europea. La Iniciativa Ciudadana de la UE fue introducida en 2012 después de cambios en el Tratado de la UE.

Anne-Marie Perret

El agua y quién debe proporcionarla – el sector público o el privado – se ha convertido en el primer asunto que entra en la agenda política de Bruselas a través de un nuevo mecanismo destinado a implicar a los ciudadanos de a pie en la toma de decisiones de la Unión Europea.

La Iniciativa Ciudadana de la UE fue introducida en 2012 después de cambios en el Tratado de la UE que fueron diseñados para acercar la creación de leyes a los 500 millones de europeos.

Esto otorga a los ciudadanos el derecho de plantear propuestas para elaborar políticas sobre cualquier asunto siempre y cuando hayan obtenido un millón de firmas en al menos siete de los 28 Estados miembros – aunque esto no garantiza que los legisladores aprueben la norma.

A finales de diciembre, organizadores de la iniciativa Right2Water remitieron formalmente su propuesta después de haber sobrepasado ese umbral.

Dicen que el derecho humano al agua debe ser consagrado en la legislación de la UE y que empresas públicas, y no privadas, deberían ser las responsables de proveer los servicios de agua.

La audiencia pública sobre la propuesta, prevista para febrero en el Parlamento Europeo, podría calentarse ya que varios estados, como Portugal, tienen como objetivo vender las empresas de agua estatales para pagar su deuda, mientras que otros ya tienen privatizadas.

La Comisión, el poder ejecutivo de la UE, dijo que era demasiado temprano para decir cuál será el resultado de la iniciativa ciudadana.

Según la norma, la Comisión tiene tres meses para analizar la propuesta y puede, bien estar de acuerdo con ella en principio, o decir que necesita más tiempo para considerarla, o rechazarla. Si opta por esta opción debe dar razones, que pueden ser legales o políticas.

Los impulsores de la propuesta insisten en que el agua, como «bien común», debe estar en manos públicas.

«Está extremadamente amenazada por las multinacionales. Las multinacionales están ahí para obtener ganancias y dar beneficios a sus accionistas más que para satisfacer las necesidades de los ciudadanos», dijo Anne-Marie Perret, presidenta del comité de Right2Water.

Este artículo ha sido publicado en es.noticias.yahoo.com