La Fiscalía ha solicitado abrir diligencias penales contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por estimar que sus constantes vertidos sin depurar al mar suponen “un grave riesgo” para la salud y el medio ambiente. La querella subraya las deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar, como mucho, el 75 % de las aguas residuales que genera la ciudad, y detalla los constantes vertidos sin ninguna clase de tratamiento que se hacen a la costa, con una alta carga contaminante.
Obras de instalación de un emisario submarino / Juan Herrero
Durante los últimos seis años, advierte la Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa (empresa con un 34 % de capital público municipal y un 66 % privado) ha vertido al mar entre 338.000 y 796.000 litros de agua por hora sin depurar, “con valores altísimos de parámetros contaminantes” y cantidades mucho mayores de aguas supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece “muchas dudas, ya que no se hace ningún seguimiento fiable externo”.
El fiscal se apoya en informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) , la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología para defender que esos vertidos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que señala, en principio, a dos personas a las que menciona por su cargo: el jefe de Depuración de Emalsa y el concejal de Aguas.