El Supremo revoca la privatización de la gestión del agua en ATLL de la Generalitat

Estación de bombeo de ATLL en Fontsanta / G. BATTISTA

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló el contrato de concesión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) porque el sistema de adjudicación no fue adecuado

El fallo del Supremo es el último episodio de una batalla judicial que empezó en 2012, cuando el gobierno de Artur Mas realizó la mayor privatización jamás efectuada en la Administración catalana. Adjudicó la gestión del agua a un consorcio liderado por Acciona, durante 50 años, por 1.000 millones (300 millones de pago directo y el resto, a través de un canon anual) que iban destinados a reducir el déficit.

El Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Generalitat, con lo que queda revocada la concesión al consorcio que lidera Acciona. El concurso para la privatización de la empresa distribuidora de agua fue polémico desde el primer momento, por los recursos que presentó la otra empresa que competía por el contrato, Aigües de Barcelona. Esta compañía lo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque entendía que la sociedad liderada por Acciona había conseguido el contrato sin ceñirse a las condiciones de la adjudicación. Acciona fue apartada del concurso. Pero eso tampoco debía haberse producido, dado que el error lo había generado el sistema de concurso tal y como lo llevó a cabo la Generalitat.

El problema en la adjudicación que observa el Supremo es que la Generalitat generó confusión durante el proceso de concurso entre las empresas licitadoras, por una serie de explicaciones ofrecidas a Aigües de Barcelona (sobre plazos, que no estaban en los pliegos) y que perjudicaban a esta. Por tanto “que violaban la igualdad de condiciones en que ha de producirse la licitación”. Esta intervención de la Generalitat introdujo, según el Supremo, “un elemento de confusión que vicia la licitación al afectar al contenido de las ofertas”. De ahí, señala, que deba mantenerse la nulidad de la adjudicación a favor de Acciona.

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