El posible pacto del agua

protesta contra trasvase

La política hidráulica XXI debe dar prioridad a un consumo más eficiente

Las precipitaciones medias en España se han reducido en torno al 20% en los últimos quince años, lo que es compatible con episodios intensos de lluvias torrenciales. Ninguna política de agua puede obviar esta realidad, que cuestiona la confianza en la existencia de cuencas estructuralmente excedentarias, capaces de aportar agua a las cuencas deficitarias: después de cuatro años de sequía, en 2017 se alcanzaron mínimos históricos en las cuencas del Duero y del norte.

De ello se deduce la necesidad de una “transición hidrológica”, a semejanza de la transición energética. En ambos casos, su diseño debe tener en cuenta el avance gradual hacia los máximos niveles de eficiencia en el uso de los recursos propios, reduciendo así la dependencia de cada territorio respecto de recursos externos, anticipando eventuales efectos sociales negativos. Hoy existen tecnologías para satisfacer la demanda utilizando menos recursos, con menor impacto ambiental.

Por ello, resultaría muy cortoplacista si el Gobierno plantease al PSOE un pacto del agua circunscrito a compartir la responsabilidad sobre trasvases. En el caso del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno ha perdido seis años para garantizar en la cuenca receptora una mayor disponibilidad de agua, en particular culminando la construcción de las denostadas plantas desaladoras, que aportan agua siempre, llueva o no en la cabecera del Tajo. A pesar del retraso en su desarrollo, las plantas en funcionamiento han atendido, durante esta sequía, el abastecimiento e incluso parte del regadío. El trasvase Tajo-Segura genera enfrentamientos innecesarios entre territorios, que podrían evitarse promoviendo un mayor grado de autosuficiencia de la cuenca del Segura.

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