El Gobierno ha dado hoy el permiso definitivo a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en Canarias, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pese a la encendida oposición que suscita el proyecto en el archipiélago. La noticia se conoció por el BOE y, aunque se esperaba, cayó como una tromba de verano.
Propecciones petrolíferas en Canarias
Tanto el Gobierno regional como los cabildos de las dos islas afectadas y las principales organizaciones ecologistas acusaron a Industria de no haber atendido sus alegaciones y anunciaron recursos para intentar paralizar de manera cautelar el inicio de los sondeos, previsto para otoño, según un portavoz de Repsol. La empresa espera obtener los primeros resultados para el primer trimestre de 2015.
La resolución de Industria autoriza a la empresa a realizar durante tres años perforaciones en dos puntos, ampliables a un tercero en función de los resultados que se logren los dos primeros, a unos 60 kilómetros de la costa. El texto deja explícito que toda la responsabilidad recae sobre Repsol y le impone 14 condiciones, entre ellas la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil de al menos 40 millones de euros y otro de 20 millones para cubrir posibles daños ambientales. Además, tendrá que instalar sistemas de control de la sismicidad y deberá suspender los trabajos si se registra un terremoto de magnitud superior a 4,5 en un radio de 75 kilómetros, pese a que las alegaciones pedían que el límite se bajara a 3,5. Eugenio Reyes, portavoz del grupo ambientalista Ben Magec, ha criticado especialmente este aspecto y también el hecho de que no se haya establezca ninguna medida correctora que prevea el abastecimiento de agua potable en caso de accidente, teniendo en cuenta que en las dos islas afectadas se bebe agua desalada.