El Estado reparte las multas de la Unión Europea por las depuradoras de aguas sin hacer

Hay sanciones que debe pagar Medio Ambiente y otras la Junta de Andalucía

El Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo aprobó un acuerdo que determina qué administraciones son responsables por incumplir la Directiva 91/271, de Aguas Residuales, al no ejecutar una sentencia de la Unión Europea de abril de 2011. España tiene abierto cinco procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración por no haber adoptado el tratamiento de aguas residuales de varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. El BOE de 20 de marzo recogía la resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que resolvía quién será la Administración responsable de pagar las multas que la Comisión Europea ha impuesto al Reino de España. La Comisión Europea entiende que España no ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la norma europea y ejecutar la sentencia. Por ello, ha ido imponiendo multas por varios millones de euros. El Estado ha pagado ya tres multas: la de los 12 millones de euros (11 de octubre de 2018) y dos primeras multas coercitivas semestrales (5 de junio y 28 de noviembre de 2019) de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso. El importe de estas multas coercitivas se redujo a 10,35 millones de euros por la entrada en explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tarifa, en Cádiz.

Competencia autonómica

Las responsabilidades para hacer frente a las multas coercitivas están repartidas. En cuanto a la construcción, habría que distinguir entre las EDAR de interés general —correpondientes al Estado—, de las demás, que son de competencia autonómica. En todos los casos, los ayuntamientos son los responsables del «abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales». Las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el Gobierno central —que tiene que establecer un programa de financiación—; la Junta —que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora—, y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales y de facilitar los terrenos para la EDAR.

Esta resolución del Ministerio de Política Territorial pone de manifiesto la pasividad y negligencia de las administraciones, incomprensibles dada la certeza de la reiteración de las multas coercitivas, que se van a seguir imponiendo dado que no todas las depuradoras están en funcionamiento. De los 17 incumplimientos constatados por el Tribunal de Justicia de la UE, a fecha actual, siete depuradoras siguen sin estar en explotación; entre las que están las andaluzas de Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina y Matalascañas. Ya están en marcha las de Estepona, Tarifa y Nerja. En este último caso, sigue el retraso en la finalización de las obras, paralizadas desde hace muchos meses por la quiebra de la empresa adjudicataria.

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