Siete ciudadanos de siete países de la UE. Un proyecto legislativo que pueda asumir la Comisión. Un millón de apoyos recogidos, en papel o por vía electrónica, en un plazo máximo de un año. Un número mínimo de firmantes en al menos siete estados miembros (para España, está en 40.500). Sobre esas bases, los ciudadanos europeos, que en tres meses exactos elegirán a sus representantes en el Parlamento, pueden llegar a contribuir al derecho de la Unión.
Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión, en Bruselas / EFE
Eso si cumplen todos los requisitos y la Comisión, una vez examinado el proyecto (tiene un plazo de tres meses), determina presentar una propuesta legislativa en ese sentido. Al menos así lo recoge el Reglamento sobre las poco conocidas Iniciativas Ciudadanas Europeas (ICE) -es una de las críticas que ha recibido este equivalente comunitario a las Iniciativas Legislativas Populares del ordenamiento español-, que son posibles desde abril de 2012.
No ha sido hasta esta semana, sin embargo, cuando la primera de estas iniciativas ha llegado formalmente a la Comisión, con el aval de 1.659.543 firmas. Bajo el título de “El derecho al agua y al saneamiento como derecho humano”, reclama su gestión como servicio público y la instauración de un mínimo vital que garantice que a nadie se le pueda cortar el suministro por debajo de determinada cantidad aunque incurra en impagos. “El agua es la última oportunidad que tiene mucha gente. Privar de ella a una familia tiene una dimensión sanitaria, social y psicosocial que creo que se olvida. Según nuestras estimaciones, puesto que no existe un regulador ni datos oficiales en España, aquí se tramitan al año medio millón de avisos de corte, y se ejecutan unos 300.000”, relata Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y uno de los defensores de esta ICE en España. La abogada Ana María Giménez, implicada también en el proyecto, dice que en el Parlamento, donde se presentó la iniciativa ante la Comisión, hubo bastantes voces de apoyo. La Comisión, según anunció, presentará su dictamen al respecto el próximo 20 de marzo, dos días antes de la celebración del Día Mundial del Agua.