Canarias empuja a España al liderazgo en infracciones ambientales

España acumula ya  tres años siendo el país de la Unión Europea (UE) con más expedientes abiertos por actuaciones medioambientales que incumplen la normativa comunitaria: cerró 2018 con 32 expedientes abiertos

Aunque el Estado es el máximo responsable a ojos de la Comisión Europea (y por ello, la administración encargada de hacer frente a las posibles sanciones), hay casos en los que es la comunidad autónoma o el ayuntamiento quien tiene en su mano solventar el problema al tener competencias directas en determinados asuntos. En materia de gestión de residuos o en la depuración de aguas, Canarias no se ha ajustado a los plazos dados por la UE para adecuarse a la normativa.

En concreto, Bruselas abrió expedientes a España por la gestión de aguas residuales urbanas en Valle de Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), al considerar que en esos puntos se incumple la directiva 91/271. Al no ejecutar los compromisos adquiridos como miembro de la UE en los plazos previstos, la Comisión remitió el caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo,  que condenó en julio de 2018 a España a pagar una multa de 12 millones de euros, además de otros 11 por cada seis meses que se prolongue el incumplimiento.

Así, el Estado ha estimado que hasta 2022 continuará abonando dicha cantidad, porque será entonces cuando consiga ajustarse totalmente a la normativa. Por ello ha repartido entre administraciones autonómicas los pagos de forma proporcional. En el caso de Canarias, donde las competencias en esta materia son municipales y regionales,  ha impuesto una primera sanción de 900.000 euros que deberá ser abonada entre el Gobierno autonómico y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

En el caso de los expedientes abiertos en España por incumplir la normativa en cuanto a la gestión de residuos, la Comisión Europea ha dado un ultimátum en diciembre de 2018 al Estado por la presencia de vertederos ilegales en cuatro comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias. En el Archipiélago, donde el Gobierno regional es competente en primera instancia de esta materia, existen al menos 10 vertederos pendientes de adecuarse a la directiva 2008/98. De no producirse el sellado o la regeneración de los vertederos, España podría enfrentarse a otra sanción económica.

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