Cádiz abandera la guerra del agua

Casi la mitad de la población andaluza recibe facturas de empresas privadas que gestionan el agua. El movimiento Marea Azul del Sur reivindica el agua como un derecho

«La privatización del agua no se realiza para mejorar el servicio a los ciudadanos sino porque es un gran negocio para los privados». Así de contundente es el secretario general de la Asociación de Operadoras de Agua Pública (AEOPAS), Jaime Morell que aclara que «es así, entre otras cosas porque no se mide esa calidad: son las mismas empresas concesionarias de los servicios los que se examinan: cada empresa privada se hace de sus propios indicadores para que siempre les salga bien; es como si yo me pusiera siempre el mismo examen para sacar siempre notable o sobresaliente».

Al igual que Morell piensan gran parte de la ciudadanía que se ha dado cita esta semana en Cádiz en las jornadas sobre derecho humano al agua, a la que ha acudido desde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jose Fiscal, hasta lo más granado de las empresas públicas de agua como Aguas de Cádiz o Aguas de Córdoba, dos instituciones que han puesto en marcha campañas para dotar a la ciudadanía de nuevas herramientas de participación y promoción de su agua de grifo. Y junto a ellos, las principales organizaciones ciudadanas que han plantado batalla a las grandes multinacionales que se están haciendo con los servicios de agua para hacer negocio. Todos han confluido en la Marea Azul del Sur, una nueva organización que se ha marcado como objetivo que el agua sea un derecho humano, algo incompatible –aseguran– con la privatización del ciclo integral del agua, ya que cuando esto sucede «se da un servicio bajo los prismas de los intereses orientados a una cuenta de resultados e incluso bajo el paraguas de la legislación de la empresa privada que es el derecho mercantil», explica Ángela Lara, de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y miembro de la Marea Azul del Sur.

La conversión de ciudadano en cliente es lo más perverso de estas privatizaciones del agua, según indican los defensores del agua pública. Ello permite, por ejemplo, que cuando alguien no paga el recibo del agua se le corte el grifo, pese a que la propia ONU declaró en el año 2010 que el agua es un derecho humano.

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