Los ayuntamientos de la provincia se han hartado de la falta de inversiones de la Junta de Andalucía en saneamiento, pese a cobrar un canon para estas obras desde 2011, y han exigido gestionar la mitad de estos fondos para acometer las obras. El canon, que se incluye en todas las facturas por consumo de agua, ha reportado unos ingresos a la Junta de Andalucía de 30 millones de euros. Sin embargo, esto no se ha traducido en obra, quedando 42 municipios en los que construir plantas depuradoras.
El Foro del Saneamiento Integral. / La Opinión
Se acerca la fecha límite establecida por la UE para el cumplimiento del vertido cero de las aguas residuales y Málaga sigue sin ejecutar los proyectos pendientes para este objetivo. El Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, que se reunió ayer con los alcaldes malagueños, planteó una reforma de la Ley de Aguas de Andalucía que les dé competencias para gestionar los fondos.
En el encuentro en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos se expuso la opción de que los municipios pasen a gestionar el 50% de los importes que genera el canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas. Esta iniciativa ha sido contemplada a raíz de la respuesta que la Junta de Andalucía dio al Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe donde atribuye las competencias del ciclo integral del agua a los ayuntamientos.
La Viceconsejería de Medio Ambiente limita el papel inversor del Gobierno autonómico «al auxilio de la administración local» y cifra en 151,4 millones de euros las obras acometidas entre 2010 y 2012. El coordinador del Foro de Saneamiento, Salvador Vilches, criticó la opacidad de la Junta y exigió que «detalle dónde y cómo se han llevado a cabo esas inversiones».
El alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla, animó a los ayuntamientos a «dar un paso adelante» y reclamar la mitad de ese canon como solución a los problemas de atrasos en la ejecución de las obras de infraestructuras de redes de saneamiento y depuración de aguas residuales pues asegura que «el Gobierno autonómico ha demostrado su incapacidad para gestionar esos fondos».