Más de 600 poblaciones no depuran bien el agua

España afronta sanciones millonarias de la UE porque demasiadas aglomeraciones urbanas importantes no tienen sistemas de depuración acordes con sus necesidades, si es que los tienen. El Lago de Sanabria lleva varios meses ocupando espacio en las páginas de los periódicos. Según los acusadores, la Estación Biológica Internacional, una empresa privada con intereses en ecoturismo en la zona, los sistemas de depuración de las aguas residuales de las poblaciones de las orillas o no existen o no funcionan correctamente, provocando vertidos incontrolados; por el contrario, la Confederación Hidrográfica del Duero, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León -en contra de sus propios informes-, lo niegan y afirman que las aguas del mayor lago glaciar del país son excelentes.

 

13837001694055Vertidos contaminantes en el Lago de Sanabria / EL MUNDO

 

El episodio del Lago de Sanabria es el último ejemplo de la mala situación en materia de depuración de aguas residuales urbanas del país. La normativa comunitaria específica para la depuración (Directiva 91/271/CEE) ya exigía que en 2005 todas las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes tuvieran sistemas de tratamiento adecuados, pero en la actualidad todavía hay unas 600 poblaciones que no disponen de ellos, entre las que se encuentran algunas tan importantes como Santiago de Compostela -que con 200.000 habitantes no tiene ninguna depuradora-, Nerja o Vigo, con infraestructuras deficientes. De esas 600 urbes, más de 300 todavía no ha adoptado ninguna medida para solucionarlo.

Este incumplimiento de las normas comunitarias ha hecho que España tenga abiertos tres procedimientos de infracción. El más importante, referido a 38 ciudades mayores de 15.000 habitantes, ya cuenta con sentencia del Tribunal de Justicia Europeo desde el 14 de abril de 2010. Los otros dos procedimientos, uno relativo a poblaciones más pequeñas, entre 2.000 y 15.000 habitantes, y otro específico para zonas ambientalmente sensibles, siguen en fase administrativa, sin haber llegado aún a la fase judicial; España lucha a contrarreloj para que no lo hagan y eludir las sanciones.

En el caso ya fallado, se condenó a España a abonar una multa anual hasta que se alcanzasen los objetivos, con una parte fija, de 7,4 millones de euros, y otra variable, que oscila de los 3 a los 186 millones, en función de la gravedad y la duración del incumplimiento, así como de la capacidad de pago. De acuerdo con las multas que han recibido Bélgica y Luxemburgo, también por no cumplir con las exigencias comunitarias, la sanción que soportará España rondará los 50 millones de euros anuales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) calcula que el monto final estará en el entorno de los 100 millones de euros.

La situación, pues, no es buena, pero debe reconocerse que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años: en 1995 sólo las aguas residuales del 40 por ciento de los españoles recibían tratamiento de depuración y hoy se supera el 80 por ciento. Sobre el papel, la actual Administración está dando pasos muy importantes: si al inicio de la legislatura todavía había 36 aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes sin infraestructuras adecuadas, en la actualidad sólo quedan 22.

El vigente Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 calculaba en el momento de su lanzamiento que era necesario invertir 19.400 millones de euros para cumplir con la UE. En el sector es común la opinión de que el Plan se elaboró con precipitación y que necesita reformularse, pero, además, la crisis no han permitido que se ejecuten ni el 15 por ciento de las medidas que incluía; de hecho, las restricciones presupuestarias han obligado a paralizar obras, como en Llanes o Alcossebre. No obstante, el Magrama considera que la inversión todavía necesaria se ha reducido hasta los 10.000 millones de euros, prácticamente la mitad.

La ejecución de las infraestructuras corre a cuenta de la Administración central cuando se consideran de interés general o afectan a varias comunidades autónomas, y por parte de las propias comunidades o los Ayuntamientos cuando no es así. Esto plantea un problema mayor, sobre todo en el caso de los municipios pequeños, por sus escasos recursos, y es una de las razones de que las comunidades más incumplidoras sean Andalucía y Extremadura, cuyos núcleos urbanos están dispersos, lo que dificulta que varias poblaciones compartan el coste de las estaciones de depuración y las amorticen antes.

Los europeos fondos Feder y de Cohesión han sido muy importantes en el desarrollo que se ha experimentado en las últimas décadas, pero el grifo del dinero europeo ya está prácticamente cerrado. Precisamente Andalucía y Extremadura son dos comunidades autónomas que todavía pueden beneficiarse de ellos, al estar por debajo de los umbrales de riqueza que la UE fija para recibir las ayudas.

Leer artículo completo en diario EL ECONOMISTA