Las plataformas del agua denuncian en Bruselas la paralización de obras

Europa no perdona los incumplimientos en materia de depuración. El jueves se confirmó la multa de dos millones de euros a Luxemburgo por infringir la directiva de aguas residuales. Andalucía tiene dos años para ejecutar las 300 obras en estaciones de tratamiento necesarias para evitar sanciones similares y esta semana, las plataformas ciudadanas del agua, encabezadas por Ecologistas en Acción, operadores públicos (Aeopas) y otros colectivos agrupados en Marea Azul del Sur, han denunciado ante la Comisión Europea la “parálisis casi total de obras” en España, que no llegan al 60% de las previstas, según sus datos.

 

1385652794_613698_1385923049_noticia_normalPlanta potabilizadora de Aljaraque (Huelva)./ JULIAN ROJAS

 

Los integrantes de Marea Azul del Sur reclaman al Gobierno central que complete el Plan Nacional de Calidad de las Aguas que, según Luis Babiano, el gerente de la asociación de operadores públicos (Aeopas), “el ministerio ha olvidado y no está implementando”. “El Estado debe de ser inversor, debe saber que la depuración es un extraordinario nicho donde crear empleos y recuperar base industrial”, sostiene.

También reclama que los cánones sean finalistas, como el establecido en Andalucía, y garanticen la financiación de las infraestructuras de depuración. “Hay que exigir que estos cánones se dediquen exclusivamente a la creación y gestión de estas infraestructuras, ya que en la mayoría de los casos son simplemente un instrumento recaudatorio de fondos destinados a la caja única”, advierte Babiano.

Los representantes del colectivo han advertido además ante la Comisión del peligro de que los fondos públicos procedentes de Europa terminen beneficiando a empresas privadas y la mercantilización de un bien que defienden como un derecho humano, en línea con la declaración de la ONU respaldada por el Parlamento andaluz. “Vender servicios de agua es un cambio en el modelo de gestión y una privatización del medio natural. Además, la repercusión en el recibo de cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidráulicas sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a posibles irregularidades”, advierte Babiano.

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