La depuración del agua, una prueba para el despegue de la Gran Coruña

La puesta en marcha esta primavera de una sociedad mercantil con capital público de ámbito supramunicipal para la gestión de la depuración del agua en el área metropolitana coruñesa es el primer acuerdo de calado para el avance real hacia la constitución de La Gran Coruña, sempiternamente propuesta sobre el papel, pero reiteradamente postergada en la práctica.

Vista aerea de la depuradora de Bens

Vista aerea de la depuradora de Bens

El primer consejo de administración se celebrará en marzo, tras la aprobación plenaria en febrero en cada uno de los cinco concellos implicados en principio en la iniciativa. El Ayuntamiento de A Coruña ostentará la mayoría del accionariado, con un 69%, y el resto se repartirá entre Oleiros, Culleredo y Arteixo, con un 8% cada uno y Cambre, con un 7%.

La importancia del proceso en tanto en cuanto que puerta hacia la creación de una pujante área urbana coruñesa, la gran asignatura pendiente de la última década y un ansiado mecanismo de reactivación económica, obliga a extremar su transparencia. El éxito de la empresa dependerá en buena medida de que la nueva gestión supramunicipal devengue beneficios a los ciudadanos de la Gran Coruña y no se quede en un mero reparto de beneficios por el control del ciclo cerrado del agua.

Esta transparencia en los objetivos es especialmente importante por los tortuosos precedentes de enfrentamientos políticos y mezquinos intereses que atrasaron diez años el logro de la depuradora de Bens, inaugurada finalmente en 2011 tras un inacabable rosario de multas de la Unión Europea por la deficiente depuración del agua en A Coruña. La UE denunció esta carencia en 2010 en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al estimar que la normativa vigente obligaba a una ciudad como A Coruña a contar con una depuradora de aguas residuales ya en 2001. La instalación de Bens, cuyo coste de construcción se fue disparando por el retraso cumulado año tras año en su ejecución, alcanzó finalmente un importe de 128 millones, sufragados en un 85% por la Unión Europea y en un 15% por la Xunta.

Una de las cuestiones claves para el éxito de esta primera iniciativa empresarial pública supramunicipal radica en cómo repercutirá el saneamiento del agua en el recibo de los usuarios coruñeses. El preacuerdo logrado esta pasada semana por los cinco grandes ayuntamientos de la comarca coruñesa deja abierto el precio definitivo de la depuración del agua, que en principio se mantendrá provisionalmente en los actuales 0,28 euros por metro cúbico consumido según la tasa aprobada por la Xunta. El presidente del consorcio de As Mariñas y alcalde de Culleredo, José Antonio Santiso, advirtió días antes del acuerdo pactado en María Pita de que los vecinos de la ciudad coruñesa tendrían que pagar más por la depuradora, una posibilidad que el alcalde coruñesa, Carlos Negreira, descartó siempre y cuando se puedan reducir los gastos de la depuradora de Bens. El precio definitivo en la factura al usuario será fijado por el nuevo consejo de administración metropolitano en función del coste que genere dicha depuradora, a punto de cumplir un año en pruebas.

Una cuestión que no ha sido aclarada es si en ese gasto habrá que incluir una inversión adicional de 78 millones de euros en la nueva depuradora, recomendada en diciembre por el Plan Hidrológico la Xunta, para adaptarse a las necesidades ambientales. Una necesidad de ampliación por otra parte difícil de entender en una obra de esa envergadura recién estrenada.

Los ayuntamientos que conformarán la sociedad de gestión de la depuración de aguas y muy especialmente el de A Coruña, que detentará una posición mayoritaria en esta pionera iniciativa metropolitana a través de la Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (Emalcsa), tienen la responsabilidad de aclarar a los ciudadanos cuál es el estado de funcionamiento de la depuradora y por qué ha ampliado en más de medio año el periodo de pruebas previsto tras su inauguración en 2011.

Tanto el nivel de funcionamiento como las previsiones de gasto de la depuradora de Bens, que condicionarán la factura del agua a los usuarios, son datos fundamentales que deberían ser conocidos por los ciudadanos con absoluta transparencia. No solo está en juego la rentabilidad para los coruñeses de una de las infraestructuras de mayor coste, sino que supondrá la primera prueba de fuego para el despegue real del área metropolitana coruñesa, en la que están puestas tantas esperanzas para el crecimiento y la reactivación de la Gran Coruña.

Fuente: La Opinión A Coruña