El Gobierno catalán acelera la privatización de las depuradoras para ingresar 1.400 millones

La Generalitat estima ingresar un máximo de 1.400 millones de euros de la privatización del medio millar de depuradoras existentes en Cataluña y del millar que faltan por construir. Es la mayor esperanza del Gobierno catalán para obtener recursos, por lo que ha puesto toda la carne en el asador: ha creado un grupo de trabajo liderado por el Departamento de Presidencia para acelerar los trabajos e incluso Infraestructures.cat, la antigua Gisa, tiene el mandato del Ejecutivo de Artur Mas de empezar a trabajar para tener lista la documentación necesaria.

 

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El calendario es, a día de hoy, el mayor obstáculo al que se enfrenta Presidencia para llegar a tiempo. Fuentes cercanas al Gobierno admiten que si se hubiera empezado a trabajar de forma intensa medio año antes, sería posible cerrar la operación al cierre de 2014. Ahora, cumplir ese plazo es complicado, si no imposible, pese a que las reuniones se han intensificado. ¿Por qué? Básicamente porque la Generalitat tiene que realizar profundos cambios legislativos para otorgarse la titularidad de todas las depuradoras, un paso imprescindible para después concesionar su gestión a empresas privadas. Se agruparían por zonas en una docena de paquetes que se privatizarían por separado.

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