En Granada, 110 municipios no depuran aún sus aguas residuales tal como exige la Unión Europea

La depuración de las aguas residuales que se generan en el ámbito urbano por parte de hogares y empresas, es una asignatura que los países más avanzados de Europa dejaron resuelta años atrás pero que sigue pendiente en una provincia como Granada. Muchos municipios aún vierten sin limpiar el agua usada, que va a parar directamente a ríos, arroyos, acequias e incluso al mar, con los consiguientes daños ambientales y los riesgos que en algunos casos se derivan para la salud de las personas.

 

gra-aguas--647x231Modernas instalaciones de la EDAR Sur Granada que la Junta de Andalucía amplió el pasado año. :: ALFREDO AGUILAR

 

La Unión Europea no está dispuesta que esta situación se prolongue en el tiempo sin que tenga consecuencias para los países que la toleran, como es el caso de España. Por ello, aprobó en diciembre de 2000 la Directiva Marco del Agua que establece un horizonte concreto -enero de 2015- para que todo el agua residual vaya a parar a los citados cauces no solo depurada, sino con un grado de limpieza que marcan unos determinados parámetros de los que son conocedores las distintas administraciones. No basta por tanto que las aguas sucias pasen por la depuradora, lo que ya sería un logro, sino que esta funcione con el nivel de calidad que exige Europa.

No será por falta de legislación por la que no se ha solucionado el problema. A la directiva comunitaria, cabe añadir la Ley de Aguas Española de 1985, modificada después mediante Real Decreto en 2001. O la normativa andaluza -Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía- que también es taxativa al respecto. Todo un compendio legal que, a la postre, de poco ha servido. Al menos en el caso concreto de la provincia granadina.

El completo estudio realizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía a finales de 2012 y que no ha variado sustancialmente en los 17 meses transcurridos, demuestra, con datos propios e información recogida en la Junta de Andalucía y en la Diputación Provincial, que casi la mitad de la población de la provincia -un 46%- arroja sin depurar el agua a los mencionados cauces. Es decir, unas 430.000 personas. Y no lo hacen por la sencilla razón de que sus municipios no cuentan con depuración efectiva. Concepto que engloba otros: están pendientes de su puesta en marcha, su construcción ha sido reprogramada, se encuentra en estudio o simplemente, que no tienen nada a la vista.

En el otro lado de la balanza se encuentra la otra mitad de la población granadina, el 54% restante, cuyas aguas residuales sí son depuradas convenientemente y lo hacen con los parámetros que exige la Unión Europea antes de acabar en su destino final. Suman 496.000 personas y viven, como es comprensible de entender, en las ciudades y pueblos de mayor tamaño, como Granada o Motril.

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