El lucrativo negocio del agua

El servicio de abastos, que ha sufrido un claro proceso de privatización en los últimos 20 años, mueve 5.000 millones al año en España

 

 

El negocio del agua mueve en España 5.000 millones al año. Emalsa registró un volumen de negocio el pasado ejercicio de 53,2 millones de euros. En los últimos 20 años, el suministro ha sufrido un proceso de privatización. Un tercio de los ciudadanos del país recibe el servicio de empresas ajenas a la administración pública. En Las Palmas de Gran Canaria se llevó a cabo la semiprivatización del abasto en 1993 en favor de Unelco, que vendería su parte a Sacyr en 2005, y la multinacional francesa Saur. Juntas acapararon el 66% de las acciones y el proceso dejó en manos del Ayuntamiento el 34% restante

En un mapa de España en el que prima la empresa Aguas de Barcelona como la que se lleva la parte del león, las multinacionales Saur y Valoriza-Sacyr, socias privadas de Emalsa, han encontrado una puerta de entrada al lucrativo negocio del agua en las Islas Canarias. Ambas corporaciones, con el 66% de la empresa mixta en la capital de la Isla, han estado estos días en el punto de mira de la opinión pública tras las denuncias de supuestas irregularidades en la compra de un edificio y el pago de servicios por encima del valor de mercado. Por el momento, sólo se sientan juntas en Emalsa y su porcentaje de participación en el boyante sector hídrico.

En menos de dos décadas el sector del abastecimiento y depuración de aguas nacional ha dado un giro copernicano al decidir la mayor parte de los ayuntamientos privatizar total o parcialmente este servicio público. La capital dio el paso en 1993, en un proceso que terminó en los tribunales con una sentencia del verano de 2010 que le daba el control a los actuales socios privados, con un 34% reservado para el Ayuntamiento.

El negocio hídrico mueve un facturación algo superior a los 5.000 millones de euros anuales en todo el territorio nacional, cuya propiedad permanece ahora concentrada en pocas manos, ya que las ventas están repartidas mayoritariamente en tres grandes grupos empresariales. Además de la mencionada Aguas de Barcelona (Agbar) -en manos de la multinacional francesa Suez Environnement-, FCC y el Canal de Isabel II. Este trío abastece una población algo superior a los veinte millones de habitantes.

En Gran Canaria, Canaragua, participada por Aguas de Barcelona, lleva el suministro de Arucas, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Telde, donde tiene el 50% con el Ayuntamiento, que se reserva un voto de calidad. Esta empresa atesora gran parte del mercado en las Islas, ya que abastece a 30 municipios, y a tres cuartas partes de la población del Archipiélago.

Por otro lado, Aqualia (FCC) posee el servicio en Agaete, Gáldar y Guía, además de en Ingenio. En Mogán, el municipio se hace cargo del abastecimiento con Aguas de Arguineguín y otras empresas.

Emalsa hace llegar el agua a los grifos de 402.443 clientes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio de Santa Brígida y el puerto de La Luz y de Las Palmas. Eso supone 86.000 metros cúbicos del líquido elemento que suministra al día. La empresa mixta tuvo 53,2 millones de volumen de negocio en 2011 y unos beneficios de 945.785 euros. Sin embargo, la exalcaldesa de la ciudad, Pepa Luzardo, explicó a este periódico que es “en las obras” donde los socios privados de Emalsa, es decir, Saur y Valoriza-Sacyr, a través de Sercanarias, hacen negocio, ya que, desde 2008, Emalsa adjudicó a esta empresa, participada al 50% por las dos multinacionales, el mantenimiento de la red.

En el escenario nacional, cuatro de cada diez ciudadanos españoles son abastecidos de agua a través de corporación públicas, algo más de un tercio por empresas privadas, el 13% por sociedades mixtas y solamente el 8%, directamente a través de las propias corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos.

Otros municipios de España también están estudiando ceder la gestión a operadores privados o crear empresas mixtas para explotar el citado servicio público. A lo largo del ultimo lustro se ha experimentado un cambio en la gestión del servicio de abastecimiento de agua urbana, tal como lo demuestra el hecho de que la gestión privada ha ido ganando terreno respecto a la pública.

Según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Aeas), y de acuerdo a la actual situación, es previsible “un aumento de la gestión privada respecto a la pública”, tal como constatan los estudios de mercado que publica esta organización patronal. Los porcentajes de participación del sector público respecto del privado varían en referencia a los años anteriores. Se aprecia un ligero crecimiento de la población abastecida en régimen de gestión privada, mientras que por el contrario la gestión pública disminuye. Según los empresarios, esta década “será clave en España porque asistiremos a un nuevo proceso de concentración de empresas y de cesión del servicio por parte de las corporaciones locales”.

Según los últimos datos facilitados por Aeas, el importe total facturado por el agua urbana en España, extrapolando datos a la población total, asciende a 5.081 millones de euros. De la factura total de agua que se paga por los servicios en España, dos tercios corresponden a abastecimiento de agua, un 15% a alcantarillado y un 25%, a la depuración de las aguas residuales. Por otro lado, el plan nacional de calidad de las aguas (fundamentalmente depuración) tiene pendiente inversiones por valor de 10.000 millones de euros hasta 2015, una cantidad que difícilmente podrán soportar las administraciones públicas sin la colaboración privada.

¿Qué pasará con el recibo del agua? Incluyendo todos los usos, el precio medio de los servicios es de 1,83 euros por metro cúbico (mil litros). De esta cantidad, 1,07 euros corresponde al servicio de mantenimiento; 0,28 euros a alcantarillado y 0,48 euros, a depuración. La evolución ha sido significativa en la última década, ya que las citadas tarifas se situaban en 0,69 euros / metro cúbico durante 2002. Con todo, las empresas argumentan que estos precios no llegan a cubrir el coste total de los servicios, como preconiza la directiva marco europea del agua. Se observa además que los precios medios más altos se aplican en las áreas metropolitanas, mientras que los más bajos corresponden a las poblaciones de entre 50.000 y 100.000 habitantes.

“En medio de la etapa de ajustes y estreches en la economía familiar, los procesos tecnológicos a los que obligan las directrices comunitarias han disparado el precio de este recurso”, justifican las empresas del sector y los ayuntamientos para subir las tarifas del líquido elemento que soportan los ciudadanos. Éstas argumentan la necesidad de subir los precios por las elevadas inversiones. “Los complejos procesos tecnológicos de tratamiento, depuración o desalación, componentes poco visibles para la ciudadanía y que se han incorporado paulatinamente, conforme a las exigencias crecientes de las normativas legales, son costosos”, sostienen los empresarios. Y para contar con servicios con garantía de disponibilidad y calidad y usar con eficiencia los recursos hídricos, “es preciso que suban las tarifas hasta la recuperación total de los costes de operación, ambientales y del recurso”.

El 72% del agua urbana consumida en España es de uso doméstico, mientras que el consumo industrial y comercial alcanza el 21% del total y el 7% restante se asigna a otros usos. El consumo medio doméstico por habitante y día se sitúa, según la encuesta, en 126 litros de agua. Esta cifra sitúa el consumo medio de los españoles como uno de los más bajas de Europa y puede considerarse “óptimo” en el panorama actual. Según los expertos, el proceso de privatizaciones que se avecina en España podrá incrementar los precios, aunque desde la patronal del sector Aeas considera que es “barata” y debería costar más “porque mantener la calidad del servicio cuesta mucho dinero”. Sin duda, habrá que estar pendiente en los próximos tiempos de la factura del agua.

El grupo Aguas de Barcelona, hasta hace poco participada por la Caixa como socio de referencia, pero en la actualidad dominada por la multinacional gala Suez, es líder indiscutible en el mercado español del agua con un control del 30% en los municipios de más de 10.000 habitantes. Agbar atiende 22 municipios donde viven más de 11 millones de habitantes. Sin duda, domina el mercado, a mucha distancia del segundo operador, el Canal de Isabel II, firma pública del Gobierno autónomo que además de la capital de España suministra recursos hídricos a 45 municipios, con un total de 5,8 millones de habitantes. El grupo FCC mantiene una cuota de mercado del 13%, con 141 localidades. A continuación se sitúan las firmas valencianas con el 4,75% del negocio de España y 38 localidades. Grupo Facsa es mayoritario en Castellón, con 12 municipios y suministra a una población de 521.000 personas. También existen media docena más de operadores, aunque de menor tamaño y sin contratos en grandes ciudades españolas.

Saur Internacional y Valoriza- Sacyr tienen un pedazo muy pequeño de la tarta en España, si se compara con las otras operadoras. Así, ambas unidas poseen el 1,08% de la implantación en todo el país, con dos municipios: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. Por su cuenta, Saur Internacional se ha hecho con 15 municipios en el país, aunque sólo tiene un 0,84% de implantación, por el número de habitantes al que suministra el agua. El grupo francés tiene ramificaciones en todo el mundo, siempre en la gestión del líquido elemento. Sin embargo, Sacyr procede de la construcción. En solitario se ha hecho con tres municipios, aunque con el 1,03% del negocio

Fuente: La Provincia