Un nuevo canon a las compañías de agua podría provocar otro aumento del recibo de hasta un 30%

El Govern de Catalunya obliga a pagar un tributo de captación a las compañías de suministro.  

Un artículo de Antonio Cerrillo para La Vanguardia.

 

1226572631_0Nuevo tributo por el suministro de agua potable. Esta vez, el ciudadano no lo verá reflejado directamente en la letra del recibo, aunque, casi con toda seguridad, será él quien lo acabe pagando. El proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que se discute en el Parlament incorporará un nuevo gravamen sobre el agua, el cual deberá ser asumido por las compañías suministradoras. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma legal que promueve el Govern para aumentar sus ingresos por el canon del agua y combatir la deuda millonaria generada estos años por las obras hidráulicas y el saneamiento de los ríos.

Las compañías de suministro se han apresurado a replicar que, sintiéndolo mucho, y ante la subida que se les viene encima, no tendrán más remedio que proponer que el nuevo costo sea repercutido en la tarifa final de usuario. Según sus cálculos, el recibo aumentará en la mayor parte de Catalunya entre un 7% y un 30%, aunque depende del municipio y de la situación de partida. A la vez alertan de que algunas pequeñas empresas entrarán en número rojos.

La necesidad del Govern de aumentar la recaudación para afrontar la deuda del agua hará que esta vez sean las compañías de suministro las que deban arrimar el hombro. Para ello deberán afrontar también el pago del canon del agua. Hasta ahora, este canon (incluido en el recibo) sólo lo pagaban los usuarios domésticos y las industrias. Con la modificación legal en curso, también lo asumirán las suministradoras. El problema es que las empresas de abastecimiento han hecho sonar ya las alarmas y avisan de que piensan incorporar el sobrecoste en la tarifa final al usuario, con lo que “se producirá una doble tributación por el canon del agua”, admiten las compañías.

Fuentes de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) precisaron que se trata de un doble gravamen: uno por el agua que capten en el medio natural y libren a sus abonados y otro por el que se desaprovecha por pérdidas y fugas. “Estas medidas buscan que las entidades suministradoras optimicen el funcionamiento de sus redes, mejoren la eficacia y reduzcan sus pérdidas y fugas”, indicaron fuentes de la ACA.

La medida afectará a toda Catalunya y a las 860 compañías de suministro (452 están en manos municipales; 136 son empresas privadas y 272, de asociaciones de propietarios, de urbanizaciones y demás). Las compañías obtienen estos recursos de los embalses o las potabilizadoras de la Generalitat o de sus propias plantas.

Tanto fuentes del Àrea Metropolitana de Barcelona como de las compañías de suministro expresaron su oposición al nuevo canon, puesto que se suma a uno ya existente, y porque les resultará de muy difícil justificación ante el ciudadano. En este caso, el canon se incorporará a la parte del costo del servicio que prestan las compañías y no al canon complementario que cobra la Generalitat, con lo cual el ciudadano no percibirá en el recibo la presencia del nuevo gravamen, aunque sí la subida del precio.

“El ciudadano sólo verá que paga más en el recibo y pensará que la culpa es de su ayuntamiento o de la compañía, sin saber que en realidad es un impuesto de la Generalitat”, declararon fuentes del Àrea Metropolitana de Barcelona, que debe aprobar las tarifas en los 33 municipios de la conurbación barcelonesa.

Las compañías suministradoras están muy disgustadas, porque, ante el ciudadano, serán ellas las responsables de la subida, cuando en realidad actúan como meras recaudadoras de un canon que va a la administración.

“Lo que hace el Govern es una doble tarifación del canon”, no dudó en opinar Jordi Terradas, portavoz del PSC en el Parlament en materia de medio ambiente. Terrades se queja de que los alcaldes se verán obligados a repercutir la tarifa sobre el ciudadano de una manera nada transparente en el recibo.

Los presupuestos de la Agència Catalana de l’Aigua prevén para este año un incremento del 26% en concepto de ingresos por el canon, lo que demuestra, según Terrades, que las subidas serán muy superiores a las que se habían anunciado hasta ahora.

La instauración del nuevo gravamen fue debatida el pasado viernes en una reunión en la que participaron el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; el director de la Agència de l’Aigua, Leonard Carcolé, y representantes de diversas compañías de agua (como las de Sabadell o Vic, entre otras). Estas expresaron mayoritariamente su oposición a esta medida.

El porcentaje de incremento para la tarifa final podría ser del 2% en el área de Barcelona, pero en el conjunto de Catalunya podría acarrear aumentos de entre un 7% y un 30% (para las zonas donde el agua es ahora más barata), según las mismas fuentes.

El Gobierno catalán proyecta, asimismo, modificar otros artículos de la ley del canon del agua, como la previsión de que, a partir de ahora, sean las empresas de abastecimiento las responsables de los impagos del canon. Hasta ahora, los ayuntamientos y las compañías de suministro transferían el canon a la Generalitat, pero no tenían responsabilidad si los abonados no pagaban.

Se calcula que la Generalitat deja de percibir una media de casi 3,5 millones de euros al año por el impago del canon, que supone un 30% del total de la factura del agua. De hecho, este concepto ha aumentado un 25% por la crisis. En el año 2008, el impago del citado canon ascendió a 2,8 millones de euros, mientras que en el año 2009 subió a 3,4 millones. Con esta medida, se pretende que las compañías agoten todas las posibilidades de perseguir a los morosos.

Otra novedad prevista en el proyecto de ley es que los ayuntamiento deberán también pagar el canon por el uso de agua para servicios municipales, algo de lo que hasta ahora estaban exentos.

De esta manera, los ayuntamientos deberán hacer frente –pagando a la Generalitat– al canon correspondiente a los suministros de fuentes de agua potable, fuentes ornamentales, riego de parques y jardines y baldeo de calles. Este tributo sólo gravará los consumos en que se utilice agua potable, por lo que los ayuntamientos que hayan aprovechado sus reservas subterráneas o hayan recurrido a políticas de reutilización del agua (como es el caso de la ciudad de Barcelona) verán rebajada esta factura. Aquellos municipios que derrochen agua potable verán, por el contrario, penalizado su comportamiento con este tributo.