Primero la luz, luego el gas y después ¿el agua?

Lo que no cuesta no se valora. Es así. Da igual que se trate de una verdad indubitada o de una simple percepción subjetiva, como ocurre con la educación y la sanidad, aparentemente ‘gratuitas’ pero sufragadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Poco importa. Desde el momento en que algo es percibido como accesible y asumible se tiende al derroche, la mayor parte de las veces de un modo inconsciente.

 

agua

 

Hasta que, como está sucediendo con el Estado del bienestar, la realidad, que es tozuda, termina por imponerse. Llegan entonces los sobresaltos en forma de facturas inesperadas.

Esto puede suceder con el agua, donde la confluencia de distintos factores de corto y medio plazo puede conducir a un repunte tarifario severo que, sin embargo, sólo acercaría lo que pagan los ciudadanos españoles a la media europea –situada tres veces por encima del coste actual para el bolsillo patrio– y, aun así, quedaría lejos de los países del Norte de Europa, que multiplican hasta por cinco veces la repercusión en el bolsillo de sus habitantes. A la luz y el gas le puede seguir en breve, por el camino de los ‘inevitables’ ajustes al alza, el líquido elemento.

La realidad en España es que no hay problemas de suministro, salvo en casos muy excepcionales, y los que pudo haber en el pasado se han corregido mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, de soporte en unos casos y de acción permanente en otros como las desaladoras. No ocurre lo mismo con el reciclado, donde aún permanece un 20% del mapa nacional sin mecanismos de depuración adecuados mientras que el resto carece, en la mayoría de los casos, de la fase terciaria, esa que quita elementos como fósforo o nitrógeno y valida cualquier vertido a un cauce fluvial sin exponerse al riesgo de una sanción medioambiental. Completar el espectro y mejorar las instalaciones existentes implicaría un coste cercano a los 20.000 millones de euros.

El problema que a nadie se escapa es que no hay un chavo en las arcas de la Administración para terminar de hacer eficiente el ciclo del agua y evitar buena parte de los problemas existentes en la actualidad. De ahí que cada vez estén más encima de la mesa tanto las privatizaciones como los modelos de colaboración público-privada como alternativa para obtener fondos o actualizar redes. Una opción esta última que plantea un problema de raíz. Hasta ahora buena parte de esas inversiones han sido con cargo a presupuestos, comunitarios, regionales o locales. Salvo contadas excepciones como Madrid, dichos desembolsos apenas se han visto reflejados en la tarifa. ¿Qué puede suceder a partir de ahora?

Pues que los operadores van a tener que recoger la amortización de sus proyectos en el coste de los servicios que prestan a los usuarios, encareciéndose el mismo, al menos, en la parte correspondiente, salvo mejoras en la gestión que permitan minimizar de algún modo el impacto. No se tratará de un aumento lineal por toda la geografía nacional. Más bien al contrario, se acentuarán las diferencias existentes ahora a lo largo y ancho de toda la piel de toro. Algo que ni siquiera la ley sectorial que se está preparando desde Medio Ambiente logrará solventar.

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