La Junta cierra el grifo de Algeciras

La Junta y el Ayuntamiento de Algeciras se enfrentan por el abastecimiento y el saneamiento del agua en esta ciudad gaditana, después de que el Gobierno regional haya prohibido al Consistorio captar agua en los manantiales propios. El pulso puede acabar en un nuevo encarecimiento del recibo de este servicio.

 

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Hace una semana, la Consejería de Medio Ambiente comunicó al Ayuntamiento escrito que la “autorización para el uso de los recursos hídricos que provienen de la zona de Las Corzas y La Garganta del Capitán” está caducada. Esta concesión data de 1962. Además, la Junta obliga al gobierno municipal, del PP, a “eliminar todas las infraestructuras que se han creado desde entonces para la captación de estas aguas y a reponer todo el entorno a su estado original, dado el valor ecológico y paisajístico de la zona”.

La captación de agua de los manantiales propios permitía hasta ahora que Emalgesa (participada por el Ayuntamiento y la sociedad privada Aqualia) abasteciera a gran parte de la ciudad, siempre y cuando los índices pluviales lo permitan. El Ayuntamiento se evitaba así comprar agua en alta de los pantanos a la mancomunidad del Campo de Gibraltar, con lo que se ahorraba esos costes.

En la resolución de caducidad remitida al Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente asegura que la concesión se otorgó con carácter temporal hasta se terminaran las obras de abastecimiento dentro del plan de aprovechamiento integral de los ríos Guadarranque, Hozgarganta y Guadiaro, obras que finalizaron en 2001. La Junta indica que actúa ahora y no antes como consecuencia de las denuncias de los ecologistas de la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden) sobre la sobreexplotación de los manantiales, lo que ha desencadenado la apertura de una investigación en la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía.

Ante esta situación, los portavoces de los grupos municipales de Algeciras acudieron a la Delegación provincial de Medio Ambiente en Cádiz. Su titular, Federico Fernández, les planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento presente alegaciones a la resolución del gobierno andaluz, realice un estudio del caudal de los manantiales y adopte las medidas requeridas de forma progresiva.

La respuesta del alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), fue instantánea. Según el regidor, que ha anunciado la presentación de alegaciones a la resolución autonómica, la prohibición de la Junta a las captaciones de agua es una “puñalada económica a los intereses de la ciudad”. “Arcgisa no puede suministrar agua de pantano para el abastecimiento de la población de la zona norte, al carecer de la presión necesaria, lo que obligaría a bombear agua para el suministro de las barriadas de San Bernabé, 500 Viviendas, La Granja, La Huerta de las Pilas, Rinconcillo y el Polígono Industrial de La Menacha”, afirmó Landaluce. Para el primer edil, desmontar las infraestructuras actuales, en las que se invirtieron 610.000 euros, y construir nuevas instalaciones es “un despilfarro”. “Habría que añadir, además, un sobrecoste energético para poder bombear el agua a las zonas afectadas”, afirma.

El portavoz municipal del Partido Andalucista, Hermenegildo González, se suma a las críticas del alcalde contra la Junta y calificando la reunión con el delegado provincial de “auténtico fracaso”. Por su parte, los portavoces de IU y PSOE, Inmaculada Nieto y Diego Sánchez Rull, respectivamente, insisten en culpar de esta situación a PP y PA, partidos que en 1991, durante su gobierno en coalición, cedieron la gestión del agua a Emalgesa a través de un acuerdo que estableció un canon de mejora para la ejecución de obras.

Entre estas obras no se encontraba la segunda parte del problema que enfrenta desde hace meses a la Junta y el Ayuntamiento: la mejora de los colectores, por la que el Consistorio reclama al gobierno andaluz la ejecución de unos trabajos valorados en unos 6 millones de euros.

El País