La gestión del agua: lo público y lo privado

El agua es un  elemento perfectamente definido desde el  punto de vista físico-químico, pero puede utilizarse de muy diferentes maneras y esto hace que sus funciones sean muy diversas. No es lo mismo el uso básico del agua como alimento e higiene, que el agua en sus utilidades económicas como elemento complementario en la producción industrial (electricidad, manufactura, etc.). Dentro de esta actividad productiva no es igual el agua que necesita un pequeño agricultor para sobrevivir trabajando una pequeña huerta, que el agua que necesita una gran empresa agraria o industrial en sus actividades productivas.

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David Casero, Profesor del Máster en Ingeniería y Gestión del Agua

Es necesario, en definitiva, distinguir lo que son funciones básicas de vida (públicas) de lo que debería catalogarse como usos económicos lícitos, pero de interés particular o privado. El agua en sus funciones básicas de alimento e higiene, por un lado, y en sus funciones básicas de conservación ecológica de los ecosistemas acuáticos continentales, implica valores esenciales de vida que deben ser garantizados a todas las personas y comunidades, incluyendo a las generaciones futuras. Por ello, los derechos derivados de estas funciones deben entrar de lleno en el rango de los derechos humanos, asignándoles un nivel de prioridad máximo   para   garantizarlos   bajo   la   responsabilidad   de   Gobiernos Nacionales   e   Instituciones Internacionales.

A menudo se plantea la escasez de agua como el gran problema de la humanidad en el XXI, pero la realidad es que el problema no será quizás de cantidad, sino de calidad. La  combinación  de  la  contaminación  sistemática  y  de  la extracción abusiva de caudales, está conduciendo a graves problemas de disponibilidad de aguas potables. En las sociedades desarrolladas, la existencia de redes urbanas seguras y de adecuados sistemas de potabilización (cada día más intensos, avanzados y caros), garantizan la salubridad  de los abastecimientos. No es de extrañar que a lo largo de este siglo empecemos a ver las primeras experiencias de tratamiento para potabilización de aguas residuales depuradas, ya las utilizamos para regar muchos de nuestros parques y jardines urbanos.

En el largo plazo, la base de la solución está, sin duda, en combatir la raíz del problema,  recuperando el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas hídricos, tal y como exige y prevé hoy para los países de la UE la Directiva Marco de Aguas.

Mientras, sin hacer demasiado ruido, más del 50% de los servicios municipales de aguas han ido pasando a manos privadas. En nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, ese proceso ni siquiera está siendo controlado por leyes e instituciones de regulación (cada ayuntamiento o Comunidad Autónoma decide en función del estado de su tesorería). El adelgazamiento de la función pública, por la reducción de disponibilidades presupuestarias y por la excesiva burocratización y control político, van siendo discretamente conducidos hacia la privatización pretendidamente benefactora, eficiente y modernizadora.

Según datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento, se factura anualmente un volumen de agua en los servicios urbanos de 4.582 Hm3/año, lo cual supone una facturación anual del sector urbano de 5.081 millones de Euros y una cantidad de empleos directos generados superiores a 21.000, cifra muy importante que se reparte entre el sector público y el privado.

España, inmersa en una formidable crisis, es hoy tierra de privatizaciones. Destaca, por su repercusión mediática la privatización de ATLL (Aigües Ter Llobregat), los litigios de AGBAR con Aguas de Valencia (AVSA) por el suministro a su área metropolitana, las rebajas de canon en las licitaciones de Jerez y Lanzarote, los presuntos escándalos de las concesiones de las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Tampoco lo tiene fácil el Canal de Isabel II, quieren privatizar el 49% de esta empresa, pero no corren buenos tiempos para vender ahora a buen precio. Parece entonces, dada la feroz competencia, que el negocio es formidable y que los beneficios de las empresas son notables, van aumentando el número de operadores que intentan conseguir los nuevos contratos que se licitan.

Además, las millonarias inversiones en infraestructuras de las últimas décadas no las están pagando, en contra de la Directiva Marco del Agua, los usuarios. Todas las han financiado Bruselas, el Estado y las autonomías. Y así, las gestoras operan los servicios asumiendo sólo costes de explotación, mantenimiento y algunas inversiones menores en renovaciones de poca entidad. Las tarifas actuales no contemplan la amortización de las costosas infraestructuras construidas y no está implantado el principio de recuperación de costes.

Consumimos pues, un patrimonio regalado lo que explica la diferencia de precios entre el norte y el sur de Europa que, como siempre y se está poniendo de manifiesto en la actualidad, vive por encima de sus posibilidades. Pero el maná de las subvenciones se acaba y el sistema camina hacia el colapso, en cualquier momento puede explotar, especialmente porque los cánones de las empresas no se destinan a renovar estas infraestructuras, un dinero que se utiliza para afrontar gastos no relacionados con el agua, la caja única municipal facilita esta cuestión.

Más que su modo de gestión, importa garantizar agua de calidad a un precio razonable, lo que requiere concretar un marco regulador estable y claro que evite los problemas existentes en la actualidad.

El País