La factura de las desaladoras ‘ahoga’ a cinco Ayuntamientos de Castellón

  • Tienen que pagar más de cien millones en un plazo de 25 años

  • La desaladora de Oropesa inicia obras sin tener demanda

  • Fabra pide al Gobierno la instalación de una desaladora junto a Mundo Ilusión

 

 

Instalaciones de la desaladora de Oropesa, construida para poder levantar nuevas urbanizaciones en la zona. / ÀNGEL SÁNCHEZ

Las dos plantas desaladoras que se proyectaron en Castellón hace más de siete años para asegurar el abastecimiento de agua a los grandes desarrollos urbanísticos entrarán en funcionamiento, según la previsión de Acuamed, a partir del segundo trimestre de este año. Y ello supone que los cinco Ayuntamientos que firmaron el convenio con la sociedad estatal deberán empezar a pagar las cuotas para amortizar toda la obra en un plazo de 25 años. El Gobierno ha invertido más de cien millones para la construcción de las plantas en Oropesa y Moncofa y ahora los Consistorios piden renegociar los convenios que van a hipotecar las arcas públicas durante años. Más, cuando las desaladoras se proyectaron para suministrar agua a proyectos urbanísticos para edificar unas 60.000 viviendas y al menos cinco campos de golf. Nada se ha construido.

“Ya en 2009 dijimos a Acuamed que el convenio se tendría que revisar, ahora no necesitamos el agua porque las expectativas de los PAI [programa de actuación integrada] han cambiado”, explica Francisco Vicente Artola, alcalde de Cabanes (PP), municipio donde se proyectó Mundo Ilusión y Torre la Sal.

Según la sociedad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, los Ayuntamientos firmantes (Oropesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes) acordaron en su momento convertirse en usuarios de las infraestructuras. Y como tales “deben abonar una doble tarifa para cubrir los costes de amortización y explotación de las plantas, bajo el principio de repercusión real de los costes incurridos”. En el caso de Cabanes, 800.000 euros al año para amortizar la obra, más otra cuota por el agua utilizada. “Es un gasto imposible de soportar”, dice el alcalde. Cabanes tiene este año un presupuesto de 3,6 millones.

La cantidad es similar para Oropesa. El edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, también reclama una reunión con Acuamed. “Tal y como se firmó es inasumible y no hay ninguna urgencia de agua”, dice. En Benicàssim, la alcaldesa Susana Marqués (PP) estima en casi un millón de euros anuales el desembolso. “Las arcas no lo pueden asumir”, apuntó.

Todos reconocen que las plantas eran necesarias para la aprobación de los PAI, puesto que así se aseguraba el abastecimiento de agua, y la previsión era que los futuros vecinos asumieran el coste. Pero siete años después los planes están paralizados.

Lo mismo ocurre con la desaladora de Moncofa. En Xilxes, donde se planeó un campo de golf y 6.500 viviendas, su alcalde, el popular Vicente Martínez, ha hecho cuentas y el Ayuntamiento deberá pagar 280.000 euros al año por la amortización y otros 600.000 por el funcionamiento. El regidor reconoce que se firmó “para justificar que teníamos suficiencia hídrica pero ahora, ni con los desarrollos futuros sería necesario”.

De momento, el único que defiende la obra es el alcalde de Moncofa, Jaime Picher, del PSPV, pero asegura desconocer que el Consistorio tenga que pagar el coste de la inversión. Todos los demás ya han anunciado que quieren renegociar estos pagos.

En el caso de Benicàssim, la alcaldesa ha avanzado que, con los presupuestos ya aprobados ha llegado la hora de comenzar los contactos para intentar buscar una solución. El cambio de Gobierno, apuntan, podría ser una ventaja a la hora de renegociar los términos de los acuerdos.

No obstante, Acuamed sostiene que la aprobación de estos convenios “requiere una tramitación compleja, informes jurídicos y económicos, y la necesaria aprobación de diversos centros directivos diferentes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. “Consecuentemente, su posible variación debería seguir el mismo procedimiento y contara con las aprobaciones citadas”, destacaron.

Así, explican que las estimaciones realizadas por los consistorios son aproximadas porque los acuerdos no incluyen los precios finales en términos monetarios, sino “simplemente concretan la metodología para calcular las tarifas”. En este sentido, aseguran que hasta que las obras no concluyan del todo no se conocerá la cuota exacta, ya que deberá incluir la inversión total de la obra.

Tanto en Oropesa como en Moncofa las obras de ambas desaladoras siguen su curso y, sobre el mes de julio, Acuamed prevé el inicio de las pruebas cuya duración es “variable”. En el caso de Oropesa ya se ha comenzado a ejecutar las pruebas en vacío a falta de iniciar los trabajos con agua de mar. Tal y como explicaron desde la sociedad, para poder entrar en servicio de forma continuada aún se necesitará contar con la Autorización Ambiental Integrada que ya se solicitó a la Generalitat.

Fuente: EL PAIS