El TC autoriza la desaladora de Torrevieja, que se terminó en julio

La desaladora de Torrevieja, terminada hace meses y en fase de pruebas, puede construirse. Es lo que acaba de fallar el Tribunal Constitucional, en una resolución fechada el pasado 5 de diciembre y publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siete años después de que el Gobierno central –entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero– plantease un conflicto de competencias contra la decisión de la Generalitat de parar las obras, adoptada en marzo de 2007.

 

?????????????????????????????????????Vista de la desaladora de Torrevieja

 

Los tiempos judiciales del Alto Tribunal han provocado que su resolución, que sobre el papel habilita al Gobierno a continuar con las obras, llegue cuando la planta está ya terminada –pese a los numerosos retrasos que sufrió el proyecto, cuya finalización estaba prevista en un primer momento para 2008– y conectada con el mar. De hecho, fuentes de la sociedad estatal Acuamed, que promovió las obras, confirmaron ayer que la mayor desaladora de Europa ha finalizado «muy satisfactoriamente» las pruebas de bastidores, y que desde el pasado mes de octubre se está bombeando agua desalada al Embalse de La Pedrera, en fase de pruebas, a donde se ha enviado ya un hectómetro cúbico.

La resolución anulada por el Tribunal Constitucional se adoptó por la dirección general de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana el 21 de marzo de 2007, en pleno enfrentamiento entre el Consell y el Ejecutivo central por la política hídrica de la exministra Cristina Narbona. La paralización de las obras se adoptó en base a que la planta se estaba construyendo en una cuenca intracomunitaria, por lo que la competencia debía ser autonómica y no estatal.

El Gobierno sorteó la paralización de las obras en abril, precisamente cuando el Constitucional admitió a trámite el conflicto de competencias, lo que –según el artículo 161.2 de la Constitución– permitía suspender la vigencia de una normativa autonómica a petición del Ejecutivo. En teoría, el Alto Tribunal tenía cinco meses para pronunciarse sobre la competencia en las obras, que se han sobrepasado holgadamente.

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