El pacto por el agua pública propone prohibir los cortes de suministro

Los partidos (PSOE e IU, principalmente) y una docena de organizaciones vecinales, de consumidores (UCA), ecologistas y científicas (Fundación Nueva Cultura del Agua) y de otros ámbitos ultiman el contenido del pacto por el agua pública en Andalucía, que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras.

 

publiUn vecino de Grazalema bebe de una fuente pública. / LAURA LEÓN

 

La iniciativa, que defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo e incluso promover el consumo del “grifo” frente a la comercialización de botellas.

La propuesta de pacto llegó el pasado martes al Grupo Socialista en el Congreso y también ha pasado por representantes de Izquierda Unida. La intención, tras conseguir el respaldo de las formaciones mayoritarias de izquierda, es trasladarla también al Consejo Social de Andalucía y que, ya con el aval de todas las organizaciones, llegue a los Ayuntamientos y a otras comunidades, como Murcia, donde está previsto que se presente una iniciativa similar el próximo día 3 de octubre.

Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos, por lo que se rechaza el acceso de empresas privadas a su accionariado en cualquier proporción. Numerosos Ayuntamientos como los de Huelva, Jerez, Granada, Jaén, Almería o El Puerto de Santa María (Cádiz) defienden que mantener la mayoría del accionariado les asegura el control municipal. “Nada más lejos de la realidad. Una vez que entra la empresa privada, no se facilita la fiscalización y empiezan a facturar bienes, supuestos servicios y equipos que se compran a ellos mismos y proponen subidas de los recibos para garantizar los beneficios empresariales que persiguen”, afirma Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas y promotor del pacto. El pasado año, el Ayuntamiento de Huelva permitió un encarecimiento del recibo en un 10,3% por un “importante descenso del consumo”, “revisión del IPC” y “otros conceptos”. El primero de los argumentos, la disminución de la demanda, justificó el 60% de la subida. Por el contrario, el pacto se fija como principio el uso del “mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades”.

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