El negocio del agua quiere fluir en España

El agua que sale del grifo de las casas llega después de un largo camino. Para que sea potable, necesita un tratamiento. Para que esté disponible, tiene que ser transportada. Este proceso se denomina el ciclo integral del agua de uso urbano. El proceso consiste, básicamente, en el abastecimiento (captar el agua y llevarla hata las casas) y el saneamiento (depurar el agua utilizada y devolverla a la naturaleza) del agua que utilizan las poblaciones. Para que podamos ducharnos, por ejemplo. Este servicio es de competencia municipal: cada ayuntamiento establece sus propios costes y tarifas.

 

Depuradora--644x362Una depuradora de la empresa Acciona en la localidad de Sueca, en Valencia

 

Este servicio, que consume en torno al 15% del balance hídrico de España, necesita dinero. Pero, con la crisis, el dinero escasea. Sobre todo en las Administraciones Públicas, cuyos fondos se han reducido en su lucha por cumplir los objetivos de déficit público. El presupuesto de la Dirección General del Agua ha caído un 80% en cinco años: ha pasado de 1.114 millones en 2008 a 189 millones en 2013. Esta falta de recursos ha impedido que España renueve sus infraestructuras de depuración. Una razón por la que la UE ha abierto tres procedimiento sancionadores contra España. Según José Luis González Vallvé, director general de AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones), se necesitan 15.000 millones para «cumplir los estándares europeos» en las depuradoras.

Para solucionar esta necesidad, hay que atraer inversiones. A ello no ayuda, explica Carlos Vázquez, socio del despacho Gómez Acebo & Pombo Abogados, la ausencia de una norma estatal homogénea. La gestión de las aguas urbanas ha sido regulada por múltiples normativas autónomicas y locales. Esta heterogeneidad se agudiza por la ausencia de un organismo único que regule el sector. Cada municipio de España es su propio regulador. Hay más de 8.100.

Acabar con ese goteo de criterios es la principal reclamación del sector, que pide la creación de un regulador profesional e independiente, al estilo del energético. Según fuentes empresariales, este organismo podría definir una metodología uniforme para el cálculo de los costes y las tarifas. Ello mejoraría la seguridad jurídica y, en consencuencia, atraería a los inversores. Otras fuentes del sector señalan que lo importante es aprobar una norma que «aporte criterios homogéneos», pero dudan de que sea factible crear un regulador nacional, porque las competencias sobre la gestión del agua son locales y autonómicas.

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