Derecho al agua y alcantarillado

El Tribunal Constitucional recientemente ha enriquecido la Constitución Jurisprudencial con un nuevo derecho de la persona al agua potable y, consecuentemente, con los servicios de saneamiento (STC 0666-2013-PA/TC). Cerca del 20% de los peruanos carece de agua potable y más del 30% necesita del servicio de saneamiento adecuado.

 

pol9Raúl Chanamé Orbe, catedrático universitario.

 

El Tribunal Constitucional recientemente ha enriquecido la Constitución Jurisprudencial con un nuevo derecho de la persona al agua potable y, consecuentemente, con los servicios de saneamiento (STC 0666-2013-PA/TC).

Cerca del 20% de los peruanos carece de agua potable y más del 30% (especialmente en el campo y zonas urbanas pobres) necesita del servicio de saneamiento adecuado (para tratar las aguas negras, residuos sólidos y orgánicos como las excretas), lo que en algunos países se denomina genéricamente como alcantarillado. El silo es un paliativo ancestral, no obstante, altamente riesgoso para la salud grupal.

Solo en Lima Metropolitana, de 8 millones de habitantes, por lo menos un millón carece de agua potable y servicio de alcantarillado. El acceso significa inmediatez y razonabilidad en sus costos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de permitir: I) el acceso, II) la calidad y III) su preservación. El acceso implica que tengamos facilidad a la disponibilidad del agua potable y su tratamiento residual.

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