Agua: un bien público en manos privadas

En 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaba el estudio Salida de Operadores Privados Internacionales de Agua en América Latina. Después de haber fomentado durante más de 20 años la privatización de la gestión del agua mediante políticas tan simples como condicionar el 66% de sus créditos a la privatización del servicio, se encontró con que la mayoría de operadores internacionales a mediados de la primera década del nuevo siglo se había retirado o estaba en vías de hacerlo. El fracaso y el rechazo suscitado por ese modelo de gestión quedaba demostrado.

 

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La conflictividad social, la falta de inversiones, las subidas abusivas de tarifas, así como los bajos niveles de eficiencia, fueron algunos de los detonantes que conllevaron la primera gran oleada de remunicipalizaciones o rescates de concesiones en el continente latinoamericano. Destacan la guerra del agua de Cochabamba (Bolivia), la salida de Agbar-Suez de Buenos Aires o el referéndum constitucional impulsado por la sociedad civil en Uruguay.

Pero mientras el laboratorio de pruebas neoliberales que durante muchos años había sido el continente latinoamericano hacía aguas, emergía otro gran mercado, una Europa debilitada en plena crisis financiera. No es de extrañar encontrar paralelismos a un lado y otro del mar: en las condiciones impuestas por la troika a Grecia y Portugal para acceder al “rescate” se incluía la privatización de la gestión del agua de Atenas y Tesalónica o la de la empresa pública Aguas de Portugal. La mercantilización del agua se profundizaba en las periferias.

En España nos encontramos con una oleada de privatizaciones que básicamente obedecen a la necesidad de sanear las maltrechas y mal gestionadas arcas municipales. Este saneamiento se produce mediante una aportación económica al municipio llamada canon concesional, que normalmente se paga en dos tramos: una parte sustancial al inicio y la otra a lo largo de toda la concesión. Sin embargo, en la mayoría de casos el canon no repercute en las cuentas del ciclo del agua, sino en las de otros departamentos con mayores urgencias del municipio o, llegado el caso, contribuye a las campañas electorales. Esta aportación no la hace el operador privado, sino que, evidentemente, se incorpora en el recibo que paga toda la ciudadanía, con lo que no solo se aumenta el coste del servicio, sino que se convierte el agua en un activo financiero. O dicho de otra forma, en un impuesto recaudatorio de dudosa legalidad, pues el recibo del agua tendría que estar vinculado exclusivamente al servicio de agua prestado. Sin lugar a dudas, es una política fiscal inaceptable e improcedente. En el caso de Aguas Ter Llobregat, hablamos de un canon dividido en una aportación inicial de 300 millones y de 700 más a lo largo de los 50 años de concesión, que a día de hoy no se están destinando al ciclo del agua, con lo que se vulnera lo establecido por la Ley Ómnibus.

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