Agua (de calidad) para todos

A veces conviene hablar de lo importante aunque la actualidad esté acaparada por lo urgente. Es lo que hicimos esta semana en una jornada, organizada por Expansión y patrocinada por Acciona, en torno a un informe presentado por PwC sobre La gestión del agua en España, en el que se plantean algunas propuestas para una profunda reforma del modelo.

 

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Aunque el foco se puso en el agua de consumo humano, dejando al margen los problemas de la agricultura o de la industria, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y que éstas se configuran como motores del desarrollo en la globalización, hasta el punto de que las 100 mayores ciudades del mundo representan el 30% del PIB mundial, resulta evidente que reflexionar sobre los serios problemas planteados por la gestión del agua en los núcleos urbanos es un asunto de la máxima relevancia presente y futura.

Parece necesario, en España, cambiar el paradigma con el que hemos abordado la política del agua. La concepción tradicional ha sido: tenemos agua suficiente, solo que está mal repartida a lo largo del año y de la geografía. Por tanto, hagamos embalses y transvases. El nuevo modelo, sin embargo, considera que el agua es un bien público básico para la vida humana y para la sostenibilidad del ecosistema, existiendo un derecho de acceso universal al agua y al saneamiento, pero es un bien escaso.

De ahí se deduce un mayor hincapié en medidas que fomenten su ahorro, basarse en el precio para incentivar un consumo responsable e impulsar su reutilización (depuración y desalación). Una radiografía de la realidad en España revela una situación manifiestamente mejorable: no cumplimos la legislación comunitaria en materia de depuración; tenemos una creciente obsolescencia de los activos involucrados en el ciclo integral del agua (potabilizadoras, redes de distribución, alcantarillado, etc.); y sin duda, por ello, España es el tercer país de la UE con mayores pérdidas de agua en la red de distribución, a pesar de tener un elevado estrés hídrico.

Una parte importante de los problemas señalados necesitan, para su resolución, de fuertes inversiones. En el informe mencionado se calcula, para el periodo 2014-2021, unas necesidades próximas a los 16.000 millones de euros si se quiere corregir esas deficiencias. Si tenemos en cuenta la trayectoria histórica, los recortes recientes y el contexto permanente de austeridad, es imposible confiar en que dicha cantidad pueda aportarse desde los presupuestos públicos. Por tanto, resulta imprescindible dar entrada a la inversión privada si queremos que haya agua, de calidad, suficiente para todos.

La colaboración público-privada en el ámbito de la gestión del agua no es una novedad en España. Sin menoscabo de la titularidad pública, en los últimos años ha crecido el número de personas que reciben los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua a través de algún esquema de colaboración así, en una realidad compleja donde la normalidad ha sido la regla y los conflictos, la excepción. Pero las necesidades a abordar en los próximos años son de tal calibre que hace falta una profunda reforma en el modelo de gestión del agua. Una de esas reformas estructurales que, a pesar de no estar urgidas por la Troika, no dejan de ser de la más alta trascendencia para nuestro futuro, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto económico del agua en sectores como la energía, la industria, el turismo o la agricultura.

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