La nueva Ley de Aguas por iniciativa popular no debe ser violentada

La ley de Aguas por iniciativa popular es resultado de uno de los procesos más largos y participativos en la historia legislativa de Costa Rica.Así lo señaló la integrante de la Alianza Nacional por el Agua y gestora ambiental de la Universidad de Costa Rica, Yamileth Astorga, en un análisis sobre la situación del agua en Costa Rica y el actual período electoral, en el espacio informativo Costa Rica Limpia.org.

 

imagenilustrativaarchivo1La nueva Ley de Aguas por iniciativa popular no debe ser violentada.

 

La ley de Aguas por iniciativa popular es resultado de uno de los procesos más largos y participativos en la historia legislativa de Costa Rica.

Así lo señaló la integrante de la Alianza Nacional por el Agua y gestora ambiental de la Universidad de Costa Rica, Yamileth Astorga, en un análisis sobre la situación del agua en Costa Rica y el actual período electoral, en el espacio informativo Costa Rica Limpia.org.

Al ser consultada sobre el tema, sobre la necesidad de la nueva Ley, Astorga expresó:

La Ley de Aguas de Costa Rica de hace 64 años ya no responde a las necesidades actuales. El deterioro del agua – vital recurso para nuestro país – es ya de todos conocidos: contaminación de la mayoría de los cuerpos de agua, disminución del caudal, principalmente de los cuerpos de agua superficiales.

Por eso urge que el país apruebe una nueva ley. Y por eso surgió la iniciativa popular que llegó a un proyecto de ley gracias al apoyo de 150.000 personas.

Esta ley debe responder al cambio en la administración y manejo hacia la gestión integrada del recurso hídrico, así como hacia la gestión participativa, descentralizada y en función de la cuenca hidrográfica, donde aplique ante todo el criterio científico técnico para asegurar su sostenibilidad en cantidad y calidad.

Esta intención de modernizar la gestión del agua no es nueva. Inició a finales de los años noventa pasando por cuatro administraciones de gobierno sin lograr que haya habido un gobierno que verdaderamente se interesa en su aprobación.

Pero también hay buenas noticias: este ha sido uno de los procesos más largos y participativos en la historia legislativa del país, donde los diversos sectores sociales y económicos se han involucrado, entre ellos, las instituciones públicas con competencia en el recurso hídrico (MINAE, Ministerio de Salud, MAG, AyA, ICE, SENARA), organizaciones de acueductos comunales, organizaciones no gubernamentales, la academia y el sector privado.

La discusión entre los diversos sectores logró consensos importantes como el de la rectoría en el MINAE, la estructura organizativa con organizaciones a nivel de las unidades hidrológicas, los instrumentos de planificación, las áreas de conservación hídrica, los instrumentos de aprovechamiento de agua, los instrumentos económicos, las sanciones, entre otros.

Estos consensos fueron recogidos precisamente en la propuesta de proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico presentada por iniciativa popular. ¿Qué más democrático que este proceder?
Este proceso – participativo, consensuado con el apoyo de miles de costarricenses y sectores que apoyan y claman por una nueva Ley de Aguas – está en riesgo. La administración Chinchilla presentó, sorpresivamente, su propio texto. Llevó al Presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa, el diputado Alfonso Pérez, un texto de ley que modifica los consensos aprobados después de 13 años de discusión y análisis.

¿Qué le cambiaron al texto?

El texto alternativo hace lo siguiente:

– Elimina la rectoría del MINAE.
– Excluye un artículo con el principio de efectiva gestión participativa.
– Elimina las áreas mínimas de protección de áreas de conservación hídrica.
– Abre el portillo a la privatización de los servicios de abastecimiento de agua.

Insisto en el punto: Este proceder violenta e irrespeta el proceso participativo que construyó este proyecto de ley de aguas. También irrespeta a los costarricenses que hemos aportado meses de trabajo desde hace más de 10 años, y quienes consignaron con su firma el apoyo a una propuesta de proyecto de ley que responde a sus principios.
“Cambiar el texto del proyecto de ley irrespeta el proceso participativo que apoyan 150.000 costarricenses”.

Los y las ciudadanas creemos en los beneficios para Costa Rica de procesos participativos y acuerdos por consenso. El multipartidismo que tenemos en las elecciones actuales para el nuevo gobierno de la República, es la muestra fehaciente de ello.

Por ello, no se puede permitir que la administración Chinchilla imponga un texto de Ley cuya versión responde a los intereses de un solo sector. Su texto no refleja el consenso aprobado por todos los otros sectores. El agua es de todos, no de un grupo.

Solo queda una opción como ciudadanía: reaccionar y velar por la aprobación de un texto de Ley de Aguas, que sí responda a los principios del Proyecto gestado por Iniciativa Popular.

¿Cuál es el siguiente paso?

Dar seguimiento con cautela a las sesiones de trabajo de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa en la primera semana de febrero 2014 y abogar por la no aprobación de un texto ilegítimo como el que presentó el que quiere imponer el Poder Ejecutivo. En el corto plazo lo que corresponde es entender lo que propone cada candidato a la Presidencia en este tema.

El País