Exportación de agua vs consumo humano, en proyecto de nueva Ley de Aguas

El artículo 87 del texto del proyecto de nueva Ley de Aguas por “Iniciativa Popular”, dice que se “podrá restringir y limitar total o parcialmente la EXPORTACIÓN de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales”.

 

WExportación de agua vs consumo humano, en proyecto de nueva Ley de Aguas.

 

El artículo 87 del texto del proyecto de nueva Ley de Aguas entregado a la Asamblea Legislativa por “Iniciativa Popular”, dice que se “podrá restringir y limitar total o parcialmente la EXPORTACIÓN de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales”.

Sin embargo, acorde con la declaración del agua como un BIEN ECONÓMICO, a la que no se le podrían imponer barreras comerciales ni aun cuando no existen condiciones para que se cumpla el precepto de que “el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas es un Derecho Humano”, dicho artículo fue “LAVADO” del texto que luego fuere aprobado en Primer Debate el lunes 31 de marzo. Acción oscura que evidencia las escondidas intenciones de los que, a nombre de la GWP (ente estructurado por el Banco Mundial para fomentar el manejo del agua en manos privadas) promovieron la aprobación de este proyecto en la Asamblea Legislativa.

Como también evidencia esas nefastas intenciones el haber eliminado igualmente, de la declaración del agua como Derecho Humano, la expresión “en calidad y cantidad adecuadas”, dejándola como un “saludo a la bandera” sin sustento ni profundidad. O la sustitución en el artículo 2 del “Principio General” de que “El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario”, por el mercantilista “El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un BIEN ECONÓMICO”. Cambio jamás discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales y mucho menos, en el Plenario legislativo, donde ni siquiera hubo tiempo de leerlo. Ello a pesar de que expresa las intenciones de la GWP (Global Water Partnership) que sigue como precepto ideológico que “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un bien económico MÁS QUE COMO UN BIEN SOCIAL”.

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