Una empresa impugna la concesión del servicio de agua en Jerez

La entidad adjudicataria consiguió la concesión después de un concurso que quedó desierto dos veces porque a ninguna empresa le resultaban rentables las condiciones impuestas. Sin embargo, solo dos meses después, y tras modificarse el pliego de condiciones para permitir el pago de los 80 millones de canon en dos plazos y en un año, el Ayuntamiento entregó el servicio a Aqua.

 

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Una empresa ha impugnado la adjudicación de la gestión del agua de Jerez a Aqualia y ha solicitado la suspensión inmediata de la misma, según han confirmado fuentes del sector y municipales.

La entidad adjudicataria consiguió la concesión después de un concurso que quedó desierto dos veces porque a ninguna empresa le resultaban rentables las condiciones impuestas. Sin embargo, solo dos meses después, y tras modificarse el pliego de condiciones para permitir el pago de los 80 millones de canon en dos plazos y en un año, el Ayuntamiento entregó el servicio a Aqualia.

Esta resolución sin que se produjeran cambios sustanciales en las condiciones, además de otros defectos de forma en el procedimiento administrativo, como faltas de notificaciones, han llevado a la presentación de un contencioso administrativo en el que se solicita la suspensión inmediata de la concesión. El Ayuntamiento ha presentado ya alegaciones a este contencioso y Aqualia, por su parte, ha elevado un recurso de reposición para intentar parar la iniciativa judicial, pero este ha sido rechazado y la resolución del contencioso podría ser inminente.

Si el tribunal da la razón a la parte demandante, la concesión quedaría anulada y tendría que reabrirse el proceso. También supondrían la devolución del dinero que se haya entregado.

Hasta tres concursos públicos ha necesitado el Ayuntamiento para privatizar la gestión de Aguas de Jerez (Ajemsa), una de las dos empresas rentables del holding municipal, con beneficios netos en 2012 de más de siete millones de euros. Desde que en septiembre de 2011 la alcaldesa María José García Pelayo (PP) anunciara la privatización del agua durante 25 años a cambio de un canon de 100 millones de euros, cinco compañías se habían interesado en sellar la operación, entre ellas, Aqualia, Aquagest, Socamex y Mare Nostrum. Finalmente, sólo dos firmas pidieron aclaraciones sobre el pliego de condiciones.

En otoño de 2012 se publicó el primer concurso público. Tras 40 días, ninguna empresa presentó oferta. El gobierno local decidió ampliar el plazo 15 jornadas más, pero expirado este nuevo plazo, tampoco hubo pujas.

Pelayo había confiado la resolución de los problemas económicos de la ciudad a la privatización de este servicio público y anunció un tercer intento. Para tratar de amarrar alguna oferta, se creó una comisión municipal con el fin de estudiar modificaciones en el pliego de condiciones que permitieran la adjudicación. Sólo se hicieron dos cambios: flexibilizar el pago del canon en dos veces a lo largo de un año desde la firma del contrato y ampliar los requisitos que debían reunir las empresas interesadas. “Si el concurso ha quedado desierto dos veces, ¿para que restringen las condiciones de las empresas que puedan ofertar?”, se preguntó el líder de Foro Ciudadano Pedro Pacheco en rueda de prensa. “A ver si el proceso se limita a montar un traje a medida para alguna empresa”, añadió.

Finalmente, en el tercer intento, se presentó una sola oferta, Aqualia. Pujó con 80,1 millones de euros, 100.000 más del precio de salida. En marzo de 2013 se firmó el contrato con la multinacional, que, antes del 8 de junio, debe afrontar el pago de los primeros 40,5 millones de euros. La segunda mitad deberá abonarla en mayo de 2014.

El gobierno local se ha esforzado en subrayar “la transparencia del proceso de adjudicación y del pliego de condiciones”, pero entre los grupos de la oposición las dudas han sido constantes. “¿Qué va a pasar cuando dentro de un año a Aqualia no le salgan las cuentas que ha escrito en la memoria justificativa del cambio de modelo de gestión el gobierno municipal?”, pregunta el portavoz de IU, Joaquín del Valle. “En el texto, el PP calcula 1.000 nuevas altas de contadores anuales durante los 25 años de concesión. ¿Va a pagar Aqualia los 40 millones restantes del canon cuando esos nuevos contratos no se firmen por la nula construcción de vivienda?”, apostilla.

“En la licitación se habló de unos ingresos para Aqualia de más de 300 millones de euros en 25 años y la propia compañía anuncia un volumen de negocio de 900 millones. No sabemos si se maquilló la cifra en un momento determinado para no hacer atractiva la oferta”, denuncian desde el Foro.

El País