Una deuda de dos millones de euros de la Junta con el contratista de la depuradora, principal obstáculo para la finalización de la depuradora de Doñana

Una deuda de dos millones de euros de la Junta con el contratista de la depuradora, principal obstáculo para la finalización de la depuradora de Doñana

 

Aguas sin depurar. (Foto: WWF)

(huelvaYa) La denuncia de WWF sobre el vertido de aguas sin depurar en el entorno de Doñana ha provocado una guerra de declaraciones entre administraciones, al tiempo que se ha conocido el origen de la paralización de las obras de la depuradora, que no es otro que una deuda de dos millones de euros de la Confederación del Guadalquivir en los años en los que las competencias estuvieron transferidas a la Junta de Andalucía.

El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, ha puesto la patata caliente en el alero de la Confederación del Guadalquivir, que ahora depende del Ministerio de Medio Ambiente, aunque sin aclarar que la deuda que ha originado la paralización de las obras era de la etapa de Díaz Trillo como consejero de Medio Ambiente.

La respuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se producía horas después, pero de manera contundente denuncia “que la Junta de Andalucía ocultó, durante la etapa en que la que asumió las competencias de gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la deuda contraída con el contratista de las obras de las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado, fundamentales para el entorno del Parque de Doñana, uno de los más emblemáticos de la red española”.

El Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, -se dice en la nota- “trabaja con intensidad para que puedan concluir las obras proyectadas, mediante la subrogación del contrato correspondiente”. En este sentido, el Departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha recordado que “el retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es un ejemplo de la nefasta gestión de la Junta durante los tres años en los que asumió las competencias sobre la gestión del río Guadalquivir”.

El departamento de Arias Cañete asegura que, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han contabilizado 159 expedientes con información sesgada y de los que se ocultan deudas contraídas con los contratistas. Así, en las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado, el Ministerio “ha tenido que recabar datos sobre las obras directamente al contratista, ya que la información facilitada por la Junta estaba incompleta”.

En la actualidad, el Ministerio sigue de manera pormenorizada la evolución de las afecciones provocadas por el retraso de la puesta en funcionamiento de estas depuradoras en el entorno de Doñana, en donde se ha detectado la presencia de aguas residuales urbanas, pero que en ningún caso incluyen sustancias tóxicas o nocivas.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

A propósito de la denuncia hecha pública por la organización ecologista WWF relacionada con el vertido de aguas residuales sin depurar al espacio natural por parte de los municipios de Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado y Almonte, el portavoz y concejal de Medio Ambiente en este último Ayuntamiento, José Joaquín de la Torre (PP), ha manifestado que “nosotros queremos denunciar a su vez que, debido a la mala gestión de las administraciones públicas en materia de tratamiento de aguas residuales, Almonte se ve salpicada en su imagen por un tema en el que tenemos las manos atadas. Queremos que Junta y Confederación se pongan de acuerdo, ya que las denuncias al final las pagamos en el Ayuntamiento”.

A la salida de la Comisión de Aguas celebrada en la localidad de Hinojos, De la Torre ha indicado que en dicha reunión “les hemos dicho (a Confederación y Junta) que nosotros abonamos una depuración que no se efectúa ya que vosotros no hacéis las obras, y en vez de denunciaros por no terminarlas nos ponéis las multas”. De la Torre ha sostenido que Junta y Confederación se han comprometido en la reunión a agilizar las actuaciones, a lo que ha añadido que “esta situación tiene que desbloquearse por el bien de los ciudadanos y del medioambiente. Llevamos oyendo que se va a hacer una nueva depuradora desde hace diez años y pagamos un canon por su utilización, cuando no está en servicio”.

El portavoz municipal ha explicado que “estamos en un problema legal de paralización de los trabajos, a causa de una denuncia por impago interpuesta por la empresa constructora a la Junta de Andalucía. La deuda corresponde a un modificado de las obras realizado sin contrato. El caso es que nosotros como entidad local estamos enmedio sufriendo las consecuencias. También nos llama la atención que acabamos siendo denunciados por el conjunto de vertidos, es decir, por aquellos que proceden también de Rociana y Bollullos”.