Medio Ambiente se apunta a la ola privatizadora del agua

  • El Gobierno estudia vender el suministro a 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete

  • El ministerio busca fórmulas para devolver la deuda de las desaladoras

 

 

Miguel Arias Cañete tras un Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN

Miguel Arias Cañete tras un Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN

El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la privatización del abastecimiento de agua a la región de Murcia y gran parte de la provincia de Alicante, de la que se encarga a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, según una portavoz. Se trata del único organismo estatal de este estilo y abastece a 79 municipios, que en verano alcanzan tres millones de habitantes. De consumarse, sería el mayor intento privatizador desde que Madrid trató, sin éxito, de sacar a bolsa el 49% del Canal de Isabel II, que abastece a nueve millones de personas, o la venta a Acciona —ahora suspendida— del consorcio Aguas del Ter-Llobregat. Antes de la privatización, Medio Ambiente podría fusionar parte del Taibilla con Acuamed, la empresa pública que construyó las desaladoras y que está llena de deudas.

La privatización del agua, como la de la sanidad, galopa con la crisis. Pero de adjudicar el reparto del agua en los municipios y el recibo —algo que comenzó hace tres décadas—, se ha subido un escalón. El Taibilla es la mancomunidad que reparte el agua a los Ayuntamientos: 43 en Murcia, 34 en Alicante y dos en Albacete. El Gobierno nunca lo transfirió porque afectaba a tres provincias y se ha mantenido en manos públicas en parte por la complejidad de la gestión y las implicaciones políticas que tiene: sus informes sobre las necesidades de abastecimiento son clave para decidir sobre los polémicos trasvases del Tajo al Segura. Además, en esa zona el agua es vital por la importancia de la agricultura. El Taibilla maneja agua superficial, de pozos, desalada y trasvasada.

Fuentes del sector explican que Medio Ambiente ha encargado a dos consultoras que estudien qué partes de Acuamed y del Taibilla se podrían fusionar para privatizarlo. Acuamed es la empresa que construyó las desaladoras y su situación económica es crítica. Las plantas se usan mucho menos de lo previsto. Hace un año, el ministro Miguel Arias Cañete apuntó —sin decirlo abiertamente— que estaba en quiebra. En junio pasado, un préstamo de 500 millones del Banco Europeo de Inversiones rescató la empresa.

Acuamed no tiene atractivo para la venta. Pero el Taibilla, que tiene a 77 municipios como clientes y agua barata del Tajo y del río Taibilla, sí. El organismo tuvo en 2012 un presupuesto de ingresos de 74 millones y se autofinancia. Una fusión parcial podría ser la solución para Acuamed.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), es muy crítico con esta posibilidad: “El Taibilla ha demostrado eficiencia, eficacia, y ha dado desarrollo a una zona donde el agua es clave. El agua en el sureste es estratégica porque es una zona con sequías recurrentes, con una agricultura muy fuerte”. Babiano critica que una empresa privada pueda tener tanto peso para decidir cuánto se trasvasa desde el Tajo.

La Comunidad de Murcia, del PP, ya ha mostrado su oposición a la posible privatización, en lo que coincide con la oposición. Para el Gobierno, la venta no solo puede aliviar la falta de fondos sino que le quita un inminente problema: al aumentar el uso del agua desalada (por exigencias de Bruselas y porque cada vez hay menos en el Tajo), el recibo debe subir. Y mucho. Con el coste político que conlleva. Cañete ha defendido públicamente que había que buscar colaboración con la empresa privada en materia de aguas. Los problemas de las privatizaciones del Ter-Llobregat en Cataluña, o del Canal de Isabel II, en Madrid, no auguran un camino fácil a la privatización. Manuel Aldeguer, responsable de agua del PSOE de Alicante, critica que el objetivo del plan es “reducir el agua del Tajo que va al Segura y aumentar el recibo del agua”.

Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y experto en temas de agua, critica la privatización que han emprendido muchos Ayuntamientos, que venden el servicio durante décadas. En algunos casos utilizan el canon para invertir en abastecimiento, pero en otras va para otros fines, lo que en la práctica es una forma de financiarse con el aval del agua del grifo de sus ciudadanos. Fanlo resalta la presión de las grandes constructoras por hacerse con estos servicios ahora que la obra pública se ha hundido: “Van a por el agua de los Ayuntamientos porque están endeudados. Un concejal me decía: ‘¿Sabes lo difícil que es resistir a la oferta de una empresa que te paga por adelantado un suculento canon, cuando estás endeudado hasta las orejas?”.

Aguas de Barcelona (cuyo 75% es de la francesa Suez), Acciona y Aqualia (de FCC) están entre las principales empresas que acuden a estos concursos. Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua (AEAS) critica las privatizaciones cuando solo persiguen conseguir financiación municipal, no la inversión en la red de agua.

Medio Ambiente tiene en el agua uno de sus mayores problemas. No solo no ha presentado los planes de cuenca, sino que no tiene dinero para construir el millar de pequeñas depuradoras que faltan, de las que las comunidades deberían pagar una parte. Para emprender estas obras e intentar evitar la multa de Bruselas, el ministerio negocia con el Banco Europeo de Inversiones. Cañete mantiene buena relación con la vicepresidenta del organismo, Magdalena Álvarez, que ya firmó el préstamo para las desaladoras.

 

El fiasco del Canal

En mayo pasado, la Comunidad de Madrid renunció a uno de sus planes estrella: la salida a Bolsa del 49% del Canal de Isabel II, el organismo público encargado del abastecimiento de 179 municipios de Madrid, que suman cinco millones de habitantes. “Tal y como está el mercado, no se dan las condiciones para que podamos vender el Canal en los precios que creemos adecuados”, declaró entonces Ignacio González, hoy presidente regional.

La retirada del plan llegó después de una inmensa movilización ciudadana contra la privatización: Madrid se llenó de mesas recogiendo firmas y de actos contra la venta.

El Canal ganó en 2010 114 millones de euros y, con una deuda de 1.670 millones, su valor estimado su situaba en 2.700 millones. La empresa fue utilizada por la Comunidad para realizar inversiones ajenas a su función, como unos teatros en Madrid que costaron 100 millones de euros.

El Canal de Isabel II fue creado en 1851 por decreto de Juan Bravo Murillo, a instancias de la reina, para abastecer de agua las viviendas de la capital sin tener que acudir a las fuentes públicas a buscarla. En 1984 fue transferido a la Comunidad de Madrid. Además del abastecimiento gestiona la depuración

 

Privatización en el juzgado

D. CORDERO

En su objetivo por conseguir recursos, la Generalitat urdió el año pasado un plan para privatizar la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), encargada de la gestión del agua que consumen casi cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. En verano abrió el concurso, valorado en 1.000 millones, que ganó un consorcio liderado por Acciona gracias a la oferta tarifaria que ofreció. La otra candidata, Agbar, abrió entonces una guerra con la Administración, argumentando que la oferta de Acciona era financieramente inviable. Sus impugnaciones acabaron surtiendo efecto.

Un organismo de la Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), le dio parte de la razón al considerar que la oferta de Acciona no respetaba el pliego de condiciones en el plazo requerido de inversiones. El problema para la Generalitat es mayúsculo, porque las resoluciones del ente son ejecutivas y ponían en peligro el control del déficit y una indemnización millonaria a Acciona, en caso de revocarse su contrato. De momento ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución para evitar que se suspenda el contrato y lo ha hecho desprestigiando el trabajo del OARCC.

Fuente: El Pais