Los pozos ilegales desaparecerán de Doñana en un máximo de cinco años

El plan especial de ordenación de la zona norte de la corona forestal de Doñana está más cerca de su aprobación. Esta norma, que pretender ordenar la actividad agrícola y controlar el uso del agua, sale por fin del atasco en el que había quedado atrapada en los despachos de la Junta de Andalucía, que comenzó a tramitarlo en diciembre de 2007.

1378496115_820826_1378496666_noticia_normalCaptación ilegal entre Moguer y Lucena, en Huelva. / Alejandro Ruesga

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha remitido este viernes al Consejo de Participación de Doñana el documento definitivo, al que se han incorporado parte de las más de 3.800 alegaciones que se presentaron. Este órgano deberá emitir ahora un informe. Fuentes de la Secretaria General de Ordenación del Territorio han apuntado que el plan podría estar aprobado definitivamente durante el primer trimestre de 2014.

A partir de ese momento, las Administraciones tendrán que comenzar a poner orden en la descontrolada actividad agrícola de la zona. Uno de los asuntos principales es el cierre de los pozos ilegales, cuyo número se desconoce oficialmente, aunque WWF habla desde hace tiempo de un millar. Durante años no se ha impedido que se hicieran captaciones irregulares en el principal acuífero de Doñana. Ahora, el plan fija un plazo máximo de cinco años para la “clausura de captaciones subterráneas no regularizadas”.

El programa de actuaciones también fija un lustro de plazo para acometer la “ordenación del aprovechamiento de aguas subterráneas” en las zonas en las que se autoriza la actividad agrícola y para la constitución de las comunidades de regantes. Este último paso será determinante porque ya no será el dueño de cada parcela el que acometa las captaciones, sino que se realizará desde estas comunidades de regantes con pozos reglados.

Los agricultores de la zona han pedido algo así como una amnistía temporal para las captaciones irregulares. Lo han hecho después de las sanciones que se les están imponiendo. La Guardia Civil, además, está investigando este asunto.

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El País