Los municipios pirenaicos se echan al monte con la depuración de aguas

Los ayuntamientos del Pirineo aragonés han iniciado su propio camino en la depuración de sus aguas residuales, hartos de la incompetencia y la inacción del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y del Gobierno de Aragón, incapaz de detener las sanciones a los municipios por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro por carecer de depuradoras cuya construcción debía haberla realizado la administración autonómica

 

Del faraónico proyecto de depuración de aguas que encabezaron hace una década Alfredo Boned y Alfredo Cajal (PAR), al frente de la Consejería de Medio Ambiente del ejecutivo que presidía Marcelino Iglesias (PSOE), solo se han ejecutado el 10% de las depuradoras de las alrededor de 300 previstas en el Pirineo. En concreto, eran 293 depuradoras con un coste previsto de 130 millones de euros que en la mayoría de los casos están paralizadas y en otros, en los tribunales, como el caso de la zona P1 (río Aragón) en que la adjudicataria reclama a la DGA 7 millones de indemnización.

Paralelamente, los habitantes de los municipios pirenaicos deben abonar desde hace casi diez años el Impuesto de Contaminación de Aragón (ICA), que grava las depuradoras, a pesar de que no cuentan con estación y que ni siquiera está prevista a corto plazo. En este sentido, la Cámara de Cuentas informaba recientemente de que en su opinión el Gobierno de Aragón tendrá que devolver al Estado los 117 millones de euros que aportó en el periodo 2008-2016 y que los distintos ejecutivos autonómicos, PSOE-PAR y PP-PAR, destinaron a otras obras del ciclo del agua.

Por un lado la Diputación Provincial de Huesca atendió la solicitud de varios municipios y firmó un contrato con la Fundación Nueva Cultura del Agua para redactar cuatro proyectos de estación depuradora en Bielsa, Fiscal y Sahún con criterios extensivos y acordes con la dimensión de las localidades. En los dos primeros casos, y también en el de Plan, que seguirá la misma vía, se trata de municipios que no firmaron el convenio con el IAA y que no pagan directamente el ICA, pero que el Gobierno de Aragón lo cobra reteniendo las subvenciones que concede a los ayuntamientos.

Por otro lado, en el encallado sistema de depuración de aguas de municipios que vierten al río Aragón –solo Jaca cuenta con depuradora- los principales ayuntamientos, a pesar de que firmaron el convenio, abonan el ICA y soportan las sanciones que les impone la CHE, iniciarán también sus propios proyectos a través de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón. Se trata de Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Aísa y Borau. En otros casos, los ayuntamientos están a la espera de los resultados de las vías iniciadas por unos y otros, ya que el enfrentamiento con el Gobierno de Aragón –el único responsable, por más que este apunte al Estado y la CHE- podría salirles caro.

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