Los incumplimientos del «plan Agua»

Seis millones de euros tirados a la basura. Si nadie lo remedia el enorme gasto realizado para construir las estaciones depuradoras de Cabrales y Panes no habrá servido para nada. Las depuradoras están concluidas desde hace meses, pero no funcionan porque a ellas no llegan las tuberías. Y no hay colectores porque los megaproyectos que hubieran posibilitado su instalación, comprometidos en 2007 por las administraciones regional y central, están paralizados. Y esta y aquella -o lo que es lo mismo, PSOE y PP- en lugar de aliarse para buscar una salida, se han enfrascado en un estéril debate que sólo parece destinado a señalar al adversario como responsable de esta situación.

 

EDAR de Panes

EDAR de Panes

El problema es grave: hay muchos millones de euros, procedentes de los fondos europeos, disponibles desde hace seis años para el plan de uso y gestión del agua en los Picos de Europa, conocido como «plan Agua». El dinero está listo para gastar, pero hay una condición: los proyectos deben licitarse antes del 31 de diciembre de este año. Una exigencia muy difícil de cumplir ya en buena parte de los casos. Con el añadido de que Estado y Principado señalan ahora a los ayuntamientos, a los que exigen que asuman el coste de las expropiaciones.

¿Culpables? El Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno del Principado prometieron ejecutar las obras en 2007, cuando representantes de los departamentos -ambos entonces en manos del PSOE- firmaron un protocolo que incluía 32 obras en los Picos de Europa y su entorno, que sumaban una inversión de unos 48 millones de euros. Aquel protocolo, rubricado de espaldas a los ayuntamientos, señalaba sorprendentemente que estos debían aportar los terrenos necesarios para ejecutar las obras.

Los alcaldes tampoco actuaron con diligencia: nadie se quejó, tal vez pensando que situaciones previas similares se habían resuelto con las ayudas de las otras administraciones, mediante convenios o fórmulas parecidas. Pero llegó la crisis. Y con ella encima, ni el Estado ni el Principado se quieren hacer cargo de las expropiaciones, esgrimiendo que el protocolo señala como responsables de esa parcela a los ayuntamientos.

Pero hay grados de culpabilidad: el Gobierno del Principado ha ejecutado las seis obras que se comprometió a acometer en solitario: las depuradoras de Cabrales y Panes, el interceptor del río Covadonga, infraestructuras sanitarias en varios núcleos rurales y actuaciones en el depósito de abastecimiento de Mier. El Gobierno estatal, en cambio, no ha ejecutado todas las obras prometidas. Es verdad que son más, veinte, pero también que dispone de fondos europeos para financiar el cien por ciento de los proyectos.

Ahora bien, el apartado en el que se han registrado más incumplimientos es, precisamente, el que recoge las obras que el Principado y el Estado deben financiar conjuntamente. Son sólo cinco obras capitales y no se ha ejecutado ninguna. Además de la ordenación hidráulico sanitaria de los ríos Casaño y Deva (que llevarían las tuberías a las depuradoras de Cabrales y Panes, respectivamente), figuran en esa lista la renovación de la traída y de la red de abastecimiento a Cangas, y la aglomeración Onís-Cangas, que permitiría sanear el Güeña y llevar los vertidos oniegos, que hoy van directamente al río, hasta la depuradora canguesa de Ricao.

Las obras que afectan a Cangas de Onís y Panes podrían aún salir adelante, porque los ayuntamientos están empeñados en aportar los terrenos necesarios para ejecutar los trabajos. De hecho, lo harán en las próximas semanas.

Un horizonte más oscuro se ve alrededor de los proyectos que afectan a Cabrales y Onís. En el caso cabraliego, las expropiaciones suman 630.000 euros, una cifra inalcanzable para un ayuntamiento sometido a un severo plan de ajuste y fiscalizado por el Ministerio de Economía. Esos 630.000 euros podrían provocar la pérdida de 11,2 millones, pues esa es la cantidad en la que se presupuestó la obra. El Estado debe aportar el 80 por ciento (procedente de fondos europeos), y el Principado, el resto.

El caso de Onís es similar: la ejecución del megaproyecto de aglomeración, que incluye un paseo fluvial, costaría 14 millones. El Ayuntamiento pretende ahora aparcar ese proyecto y acometer uno más acorde con la realidad actual: la construcción de una depuradora, que costaría unos 300.000 euros y que solventaría, exactamente igual, el problema de los vertidos al Güeña.

La Nueva España