Lanzarote.- El Consorcio del Agua desacata al tribunal y no cumplirá la orden de paralizar los vertidos de salmuera

El Consorcio del Agua, propietario de Inalsa, a través de su presidente, Pedro San Ginés, ha confirmado que no va a ejecutar la orden de paralizar los vertidos de salmuera en la central de Punta de los Vientos, emitida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y validada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

‘Sería peor dejar sin agua potable al 80% de la población’

(diariodelanzarote) La resolución judicial, adelantada este martes por DiariodeLanzarote.com, tiene como origen un expediente sancionador de la Apmun que imponía a Inalsa una multa de 15.000 euros y la orden de cesar en los vertidos de salmuera en la central de desalación, lo que según la empresa pública implicaría a corto plazo desconectar las plantas.

“Aunque se haya desestimado el recurso que presentó Inalsa”, San Ginés manifestó que no hay intención de cumplir con la orden de los tribunales. “Mayor sería el perjuicio para la salud pública dejar sin agua potable al 80% de la población”, señaló el presidente.

El Consorcio indicó que tuvo conocimiento de la sentencia a través de la información publicada por DiariodeLanzarote.com, por lo que San Ginés remitió “de forma inmediata” un escrito al gerente y a los administradores concursales para que expliquen “por qué no se ha dado traslado de este hecho a la propiedad, así como de que informen sobre las posibles consecuencias y soluciones”.

Además, San Ginés ha solicitado una reunión “urgente” con el máximo responsable de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo que decretó la suspensión de los vertidos por su posible incidencia sobre la salud y el medio ambiente.

Desde el Consorcio del Agua se defiende “que los vertidos de salmuera no son contaminantes, además de estar prevista la autorización para todos los vertidos de las plantas en Punta de Los Vientos al preverse la instalación de un emisario submarino con la ejecución de la desaladora Lanzarote V”.

San Ginés deslizó críticas hacia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por no entender que “aun cuando estos vertidos fueran contaminantes, sería muchísimo mayor el perjuicio para la salud pública dejar sin suministro de agua potable al 80 por ciento de la población lanzaroteña”.