La Iniciativa Ciudadana Europea: una herramienta para el cambio y la movilización

El deseo de incorporar en la agenda política europea “la implementación del derecho humano al agua y saneamiento” y de crear un debate público sobre la política europea del agua fueron los argumentos oficiales, pero ante los ojos de miles de personas fue el único mecanismo de enviar un mensaje a la Comisión Europea. 

 

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La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) aque se llevó a cabo entre el 10 de mayo 2012 y el 4 de septiembre 2013 recogió 1.884.790 firmas de la cuales fueron válidas 1.680.172.

Esta fue la primera y hasta ahora la única ICE que ha recibido una respuesta ‘positiva’ de la Comisión Europea.

Las demandas de la ICE eran tres: que las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento; que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior” y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización y que la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

Estos tres principios y el eslogan que el agua no es una mercancía sino un derecho humano, principio que recoge el capítulo 1 de la Directiva marco del agua, han generado una lucha europea por el agua que ha conseguido su objetivo. Dicho objetivo no era otra que de dar una herramienta de movilización y sensibilización a los miles (hoy cientos de miles, quizás millones) de personas que no quieren que el agua sea un elemento de lucro y están dispuestas a salir a la calle, manifestándose, firmando peticiones, organizando referéndums e incluso haciendo campanas de no-pago.

El deseo de incorporar en la agenda política europea “la implementación del derecho humano al agua y saneamiento” y de crear un debate público sobre la política europea del agua fueron los argumentos oficiales, pero ante los ojos de miles de personas fue el único mecanismo de enviar un mensaje a la Comisión Europea. Hasta entonces (y siguen en ello) la Unión Europea había tenido como principal objetivo crear un mercado único de bienes y servicios. Sin embargo, los servicios de agua son, para muchos, otra cosa distinta. Al igual que salud, educación y cada vez más transporte y energía. Son servicios básicos para todos que no deben de generar lucro y deben de utilizarse para reducir las diferencias sociales que este sistema económica engendra. Por eso eran servicios públicos. La voluntad de liberalizarlos y privatizarlos se ha visto confrontada a la oposición de la ciudadanía y cada vez más los trabajadores.

En ese sentido, la ICE pide que La implementación de los derechos no corresponda a las fuerzas del mercado, sino a los Estados. Pero además que abramos un debate social sobre que tipo de estado y como se han hecho hasta ahora contratos, pliegos y concesiones. Y así ha pasado.

Lo vimos en 2010 cuando millones de italianos votaron en referéndum contra la privatización del agua y empezaron a pedir otro tipo de gestión, que llevó a la remunicipalización en Nápoles. Pero también lo hemos visto en Paris, Grenoble y Montpelier más recientemente. En el estado español, los casos son más pequeños pero no menos importantes como es Medina Sidonia o Aguas del Huesna . También lo hemos visto en la lucha en Tesalónica contra la privatización y los estamos viendo en Irlanda donde 150.000 salieron a la calle el 1 de noviembre contra una tasa injusta fomentada por la Troika. En esta lucha por la defensa de lo público, tenemos muchos aliados y además muy poderosos: la ciudadanía consciente y movilizada.

Al inicio de nuestra movilización muchos pensaron que nadie iba a estar interesado, pero la experiencia global, en Cochabamba, Malasia o Buenos Aires mostraba que el agua une a la gente en la lucha y en calle con un mensaje de esperanza.

La garantía de servicios de agua y saneamiento para todos está en entredicho, en Europa siguen sin acceso al agua potable y el saneamiento unos dos millones de personas, y eso son sólo las estimaciones, no tienen en cuenta los 970.000 avisos de corte sólo en el estado español en 2013. A esto hay que añadir los miles de hogares de bajos ingresos amenazados pero que aún pueden pagar los recibos.

Los gobiernos y la Comisión Europea debe dejar de empecinarse en políticas de liberalización de los servicios de agua. La promoción del mercado como proveedor tiene como corolario que la calidad de los servicios recibidos es directamente proporcional a la cantidad de recursos económicos del usuario. El ‘Sin dinero no hay agua’ es lo que viene a decir este mercado del agua. Sin embargo, el agua potable y el saneamiento son un derecho humano. Es obligación y competencia del Estado suministrar estos servicios al conjunto de los ciudadanos y crear mecanismos de solidaridad para que nadie se quede sin agua y para millones de europeos eso debe pasar fueron de las reglas del mercado interior europeo.

La respuesta ambivalente de la Comisión nos permite continuar la lucha, para que el agua no genere lucro para unos pocos sino justicia para todos. Nos permite luchar por la remunicipalización allí donde se ha privatizado para que sea a nivel de cada gestor del agua que se apliquen los principios del derecho humano (por derecho humano al agua y el saneamiento se entiende el derecho de las personas a agua potable segura y limpia, y al saneamiento, además el agua debe encontrarse en condiciones suficientes y aceptables de suministro, accesibilidad y coste) que pese a que la Comisión no reconoce explícitamente, abre la puerta a seguir en calle hasta que sea declarado, en ese momento la lucha pasará a asegurar la implementación de dicho derecho.

Esta movilización no es un sprint, es una maratón pero ante el lobby del agua privada estamos avanzado y nos alientan millones de ciudadanos que salen a la calle cada día por el agua pública, y no sólo por eso, por una gestión pública, democrática, transparente, de todos y para todos para que nuestras sociedades empiecen a cambiar y a parecerse a lo que la inmensa mayoría de la población quiere como modelo de sociedad.

Pablo Sánchez, co-coordinador de la ICE right2water

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