La ‘guerra del agua’ entre Agbar y Acciona hará que Cataluña incumpla el objetivo de déficit de 2012

Los independentistas presionarán para que la concesión de Aigües Ter-Llobregat termine por ser adjudicada a la empresa barcelonesa. El proceso puede durar años, y la Generalitat deberá compensar el desvío del déficit con más recortes y privatizaciones en 2013. TV3 y los hospitales públicos siguen en el punto de mira 

 

 

Ángel Simón Grimaldos, presidente de AGBAR.

Ángel Simón Grimaldos, presidente de AGBAR.

El futuro de Cataluña se decidirá en un juzgado. El Gobierno de Artur Mas ha presentado ante el Tribunal Superior de esta Comunidad Autónoma un recurso contra una resolución de un organismo vinculado jerárquicamente a la Presidencia de la Generalitat. En otras palabras: el Ejecutivo catalán se ha recurrido a sí mismo. El motivo no es otro que el conflicto entre Acciona y Agbar por Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

La gestión de esta empresa, encargada de gestionar el suministro público de agua en la región, fue adjudicada hace tan solo una semana al grupo madrileño Acciona. Dicha adjudicación ya ha sido recurrida por la compañía barcelonesa. De lo que decida el Tribunal dependen los 995 millones de euros que la Generalitat esperaba obtener con la operación, y que, según sus cálculos, le permitirán alcanzar el objetivo de déficit para 2012. Pero Mas tiene solo un mes para presentar sus cuentas a Hacienda.

José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de ACCIONA

José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de ACCIONA

Hacienda permanece a la expectativa. Si no ha incluido a Cataluña junto a las otras siete comunidades que probablemente no cumplirán el objetivo del déficit del 1,5% , es porque está pendiente de los ingresos provenientes de las privatizaciones y ventas de activos emprendidas por la Generalitat. Todos estos datos habrán de hacerse públicos, como muy tarde, el próximo 31 de enero. Sin embargo, para que las cuentas cuadren son necesarios 1.432 millones de euros, que en principio deberían obtenerse de la privatización de ATLL –la mayor de la historia de la comunidad– y de los peajes de los túneles de Vallvidrera y el Cadí.

Medio siglo de concesión y cinco años de pleito

Las privatizaciones de estos últimos le reportarían al Govern unos ingresos mínimos de 430 millones de euros. Por lo que respecta a ATLL, Acciona ya ha desembolsado 298 millones en concepto de canon inicial; los 700 millones restantes se ingresarán a lo largo de los cincuenta años que dura la concesión, lo que equivaldría a unos 3 millones y medio anuales. Ahora bien, en opinión de Fernando de La Hucha, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra y ex viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco, esta fórmula encierra en sí misma “un engaño contable”.

Esto sería así porque, aunque se contabilizarían como pagos diferidos, el equipo de Mas estaría presentando como correspondiente a 2012 una suma de dinero que en realidad tardará medio siglo en recaudar. Todo ello sin tener en cuenta que, según fuentes jurídicas consultadas por ARNdigital, este proceso puede prolongarse cerca de cinco años, si no más. Acciona tampoco está dispuesta a perder el dinero, ha presentado otro recurso y, si se anula la concesión, exigirá la devolución de los 298 millones, así como la reparación de los daños y perjuicios que se puedan haber causado. Por si esto fuera poco, la empresa de los Entrecanales ha contado con la ayuda del Santander y del banco brasileño BTG, que podrían empezar a plantearse el abandono del proyecto si empiezan a percibir síntomas de riesgo.

Para Fernando de La Hucha, este conflicto va a tener, al menos, una consecuencia clara: Cataluña no tendrá los fondos suficientes para cubrir el objetivo de déficit. El problema de ATLL supone un auténtico jarro de agua fría, no solo para Hacienda, sino también para Artur Mas.

Política y negocios

El Organismo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) estimó que la oferta de Acciona –que ofrecía agua más barata frente a la propuesta de la compañía barcelonesa, más centrada en aspectos técnicos– es nula porque sobrepasará el plazo de ejecución de las obras fijado en el pliego de condiciones. Por su parte, el grupo de infraestructuras resalta que ha habido un error de interpretación respecto a dichos plazos. Y el Govern defiende la actuación de su Consejería de Sostenibilidad y Territorio. Pero también la del OARCC, un órgano unipersonal cuyo director ha sido nombrado por Mas.

El caso de ATLL puede entenderse como un ejemplo más de la estrecha relación con el mundo de los negocios que ha caracterizado tradicionalmente a la vida política catalana. La privatización de los túneles se ha adjudicado a Abertis, en la que, al igual que en Agbar, tienen una destacada participación varias entidades financieras catalanas.

En la privatización de ATLL hay todavía más intereses en juego. El OARCC ha reconocido que la privatización “vulnera los principios de igualdad, no discriminación y competencia”, tal y como denunció Agbar. En el consorcio de Acciona participa la familia de Ferrán Rodés, el presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña. Esta entidad está vinculada a la Consejería de Desarrollo, que hasta las últimas elecciones fue dirigida por uno de los pesos pesados de CiU, Lluís Recoder. Pero, con la entrada de ERC en el Govern, hay un nuevo actor en liza, que se había opuesto radicalmente a la privatización, y que ahora afirma que piensa apoyar “la opción menos lesiva para las arcas públicas”. En este sentido, los expertos creen que los independentistas apostarán claramente por Agbar, y presionarán para que el Tribunal falle a su favor, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Más recortes

La ‘guerra del agua’ puede terminar por costar cara. La desviación en el déficit debería compensarse en 2013 con más recortes y privatizaciones. Esto dejaría a Mas en una posición aun más complicada respecto a ERC.

Es posible que la Generalitat tenga que bajar de nuevo los salarios y despedir a más empleados públicos; pero, además, deberá volver a plantearse la venta de activos. Algo que, para Fernando de la Hucha, tampoco parece una buena solución, a la vista de los malos resultados cosechados por la campaña emprendida el año pasado por el gobierno catalán para deshacerse de varios edificios públicos.

En esta situación, habría que volver a pensar en nuevas privatizaciones. Cataluña cuenta con cerca de 200 empresas públicas, pero los especialistas piensan que las únicas que podrían ser mínimamente interesantes como negocio son la televisión autonómica, TV3, y los hospitales públicos. Eso sí, siempre y cuando la guerra por ATLL no termine por minar la confianza de las empresas en el gobierno catalán.

Fuente: arndigital