IUC rechaza privatizar el monopolio del agua en Lanzarote

Comunicado

“Las privatizaciones del agua suelen encubrir una práctica de corrupción legalizada, que transfiere un monopolio público a manos privadas”

 

grifogotaIzquierda Unida Canaria (IUC) rechaza la propuesta de privatizar el ciclo integral del agua, en Lanzarote, efectuada por el Cabildo insular y los siete municipios integrados en el Consorcio del Agua de la isla. La formación progresista señala que el agua será más cara porque, además de los costes del servicio, habrá que pagar los beneficios de la empresa.

IUC recuerda que la privatización del agua en Santa Cruz de Tenerife ha supuesto que la empresa municipal pasara de dar beneficios a dar pérdidas, un incremento sustancial del precio del agua, una reducción del número de empleados y la subcontratación de servicios a empresas pertenecientes a la empresa adjudicataria, lo cual contraviene el pliego de condiciones acordado y favorece que se inflen los precios.

Para IUC, las privatizaciones del agua suelen encubrir una práctica de corrupción legalizada, que transfiere un monopolio público a manos privadas. Tal monopolio obtiene beneficios a costa de impedir a la ciudadanía que, a través de sus instituciones democráticas, se preste a sí misma un servicio imprescindible. Además, se trata de un servicio que es más barato si no tiene que dar beneficios a la empresa agraciada con el monopolio.

IUC afirma que la factura del agua que paga la ciudadanía no debe servir para que Emmasa pagara a tres directivos 480.000 euros anuales, o para que Sercanarias, que presta servicios a Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria, abonara 600.000 euros, en un año, a uno de sus directivos. Es una inmoralidad que esos pagos provengan, en última instancia, del recibo del agua abonado por decenas de miles de desempleados.

La formación progresista afirma que las empresas privadas que gestionan el agua de Las Palmas de Gran Canaria, que podrían gestionar la de Lanzarote, han puesto un imputado por el caso Brugal como consejero de Emalsa, le cobran a los ciudadanos 4.2 millones de euros en concepto de depuración de agua que no ha sido depurada, o alquilan por 31.5 millones de euros, durante 35 años, un edificio que vale 11 millones de euros.

En suma, en opinión de IUC, la privatización del agua en Lanzarote es un proceso que hará que la población pague más por el agua, que algunas empresas obtengan beneficios millonarios gracias a la concesión del monopolio, que algunos directivos reciban salarios astronómicos y que se despida a algunos trabajadores. Todo ello sin considerar los problemas y los gastos judiciales que, a menudo, acompañan estos procesos, ni la descapitalización y deterioro de la red de suministro derivada del ahorro en costes.

Fuente: La Voz de Tenerife