PERU.- Agua y prevención para la gobernabilidad

Agua y prevención para la gobernabilidad

 

(elperuano) EL 28 de julio de 2010 las Naciones Unidas reconocieron explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, al mismo tiempo declaró el período 2005-2015 Decenio Internacional para la Acción: “El agua, fuente de vida”.

Hoy, el Gobierno peruano ha anunciado que 2013 será el año del agua, decisión que viene luego de que el Acuerdo Nacional la declarara como Política 33 y el Presidente de la República acertadamente sostuviera que el recurso hídrico es un derecho ciudadano.

Ninguna administración anterior le ha dado tanta importancia a este tema, pese a su incidencia en el bienestar de la nación.

La falta de visión y prospectiva de anteriores gobiernos ha dejado peligrosos pasivos sociales que se han expresado en conflictos, generalmente por la contaminación del medioambiente y el uso arbitrario del agua, temas recurrentes en otros lugares de América Latina.

Como se ve, este problema no es exclusivo del Perú, un país emergente que crece a un ritmo promedio de 7%, pese a todo.

En el caso del tema de los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) –conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura  y otros– ha tomado conciencia de que la crisis del agua lo es también de gobernanza, donde el punto por trabajar es la relación entre los intereses colectivos y del Estado, fortaleciendo progresivamente una gestión integrada de los recursos hídricos.

La problemática del agua no es nada sencilla. Significa disponibilidad hídrica, captación, infraestructura, transporte, potabilización, accesibilidad, respeto al medioambiente, prevención de desastres y cambio climático, nada menos.

Y a esto hay que sumarle sistemas de tecnología limpia, información, recurso humano especializado, marco normativo amigable, investigación, cultura del agua, estabilidad política, Estado fuerte y moderno, inclusión social.

Se requiere de todo un sistema y proceso interrelacionado y dinámico cuyo peso es responsabilidad de todos: Estado en sus tres niveles, empresa privada, organizaciones sociales y sociedad civil.

La ANA, con apenas tres años en funciones, ha asumido este gran reto en el marco de lo que la ley de recursos hídricos le faculta y le ordena.

El reto es agua para todos, pero en forma justa, equitativa y responsable, coadyuvando al fortalecimiento de la gobernabilidad de los recursos hídricos, pero a través de procesos democráticos.

En ese sentido, el anuncio de la puesta en marcha de una política preventiva en los casos de Ica (rescate de aguas subterráneas), luego en Lambayeque (por un problema similar) y Tacna (salinización de los acueductos) es un esfuerzo mayúsculo para evitar conflictos y controversias, digno de imitar por otras instituciones públicas.

El agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, y la democracia depende mucho de su buena administración.